Los fiscales del 1-O avisan a Segarra: si crecen las presiones irán al Consejo Fiscal

Las presiones políticas aireadas por los partidos separatistas y recibidas con aparente normalidad por el Gobierno de Pedro Sánchez han puesto en alerta a los fiscales del caso 1-O. Los cuatro fiscales encargados del caso del golpe de estado separatista –Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza– han mantenido ya encuentros con la fiscal general María José Segarra para dejar claro que no van a ceder a ninguna presión. Es más, que en caso de que observen un incremento excesivo de las coacciones sobre su trabajo acudirán de inmediato al Consejo Fiscal en busca de amparo y para dejar constancia pública de que la capa política ha cruzado cualquier límite admisible.

Los cuatro fiscales se han mantenido firmes pese a las presiones a lo largo de toda la instrucción. Y no están dispuestos a modificar su actitud. Y así se lo han trasladado en la charla que han mantenido recientemente con la fiscal General Segarra.

No se han dirigido a ella porque la nueva fiscal general –sucesora de Julián Sánchez Melgar– haya ejercido presiones. Todo lo contrario. Fuentes de la Fiscalía han confirmado a OKDIARIO que la postura de Segarra está siendo de respeto por la labor de la acusación pública. Los cuatro fiscales han acudido a ella con el objetivo de dejar constancia de que la órbita que perciben de creciente presión política puede llegar un punto en el que resulte inadmisible y que, en ese caso, ni piensan ceder ni admitir ese ambiente.

El Consejo Fiscal puede amparar públicamente a los fiscales acosados

Y su advertencia ha sido rotunda. En ese caso dejarán constancia de esas presiones a través del órgano máximo de recepción de quejas de los fiscales: el Consejo Fiscal, un organismo que, además, puede decidir la muestra pública de amparo a los fiscales acosados en su labor profesional y, que en todo caso, dejará constancia probada del caso de presiones.

OKDIARIO hace pública esta noticia justo cuando las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado este mismo lunes su rechazo sin fisuras a las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Y es que la vicepresidenta del Gobierno ha saltado a la opinión pública para mostrarse comprensiva con una posible salida de la prisión preventiva de los líderes separatistas procesados y encarcelados por el golpe del 1-O.

Intromisión política

En una entrevista en La Vanguardia publicada este domingo, Carmen Calvo afirmó que si se retrasa “mucho” el juicio contra los políticos independentistas no sería lógico “alargar demasiado” la situación de prisión preventiva, en la que se encuentran alguno de ellos.

Ante esta intromisión del poder Ejecutivo en las decisiones judiciales, algunas de las asociaciones judiciales y fiscales han señalado que este tipo de opiniones por parte de un miembro del Ejecutivo es “irresponsable” porque supone una injerencia evidente en el Poder Judicial. Asimismo, las asociaciones han recordado que el tiempo de la prisión preventiva está contemplado y regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que compete a las acusaciones hacer las peticiones oportunas y al juez instructor o tribunal a tomar la decisión.

La movilización de la capa judicial y fiscal en contra de las presiones políticas, además, no llega sólo por unas palabras de la vicepresidenta. Todo lo contrario.

Y es que el precio de los separatistas por apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez está cada vez más claro: quieren como sea que las penas a los golpistas sean rebajadas. Por eso, JxCAT se ha atrevido a trasladar al presidente del Gobierno la petición de separar a los fiscales del 1-O que piden rebelión para los imputados –tal y como ha adelantado OKDIARIO–.

Según la propia versión de PDeCAT, el PSOE se comprometió con ellos “a buscar una solución a los presos políticos [como ellos los llaman]” y, por lo tanto, es el PSOE el que tiene que solventarlo.

Fuertes penas

Desde los partidos separatistas saben que los fiscales de Sala encargados del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, están convencidos de la aplicación del delito de rebelión y de que el comportamiento de los procesados es merecedor de fuertes penas de prisión. Por ello, los separatistas están dirigiendo sus presiones hacia los fiscales.

Inicialmente las presiones de los golpistas se centraron en que la nueva fiscal general abandonase la acusación de rebelión a los golpistas. Un intento que pretendió alterar el curso natural de la Justicia y usar a la figura de la fiscal general del Estado para aliviar la acusación y, consecuentemente, las condenas efectivas de los golpistas. La intentona, sin embargo, no triunfó.

La iniciativa de las peticiones a los fiscales ha venido siempre de JxCAT, el partido de Quim Torra y Carles Puigdemont. Pero es el PSOE el primero que se mostró abierto a negociar peticiones de los separatistas con motivo de la moción que ha llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Y es que el PSOE ofreció a los independentistas inicialmente reformar el Código Penal para rebajar las penas por rebelión -una iniciativa excesivamente lenta-. Más tarde ofreció trasladar la competencia plena penitenciaria a la Generalitat para poder excarcelarlos una vez condenados y enviados a la cárcel -algo que implicaba la recepción de una fuerte condena inhabilitadora-. Posteriormente y a través de figuras como Miquel Iceta o Teresa Cunillera planteó el indulto. Y ahora directamente pasa a presionar a los jueces y fiscales con mensajes directos del Ejecutivo.