Sánchez no ha regularizado al 80% de los inmigrantes del ‘Aquarius’ que acogió en España hace 5 años

Son datos del Ministerio del Interior. Del Gobierno de España. De las 371 solicitudes de asilo que se recibieron hace cinco años por parte de los 629 refugiados que viajaban a bordo del Aquarius, que Pedro Sánchez ordenó desembarcar en el Puerto de Valencia para hacer campaña con ello, únicamente se ha dado respuesta a 75. El 80% de esas peticiones, pese a que venían con una carta de invitación del propio Sánchez, siguen sin regularizar su situación en España por la dejadez de funciones del gobierno socialcomunista.

El 11 de junio de 2018, en una nota de prensa, el Palacio de La Moncloa informaba de que «el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado instrucciones para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias y ha anunciado que acogerá en un puerto español al barco Aquarius, en el que se encuentran más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo». Hacía escasos días que el líder socialista había llegado al Gobierno, gracias a una moción de censura, y quería marcar perfil propio ante sus socios comunitarios.

De los 629 inmigrantes que llegaron a nuestro país a bordo del Aquarius, en un dispositivo humano y logístico sin precedentes integrado por más de 2.300 personas y emitido en directo por parte de 598 periodistas acreditados, 480 siguen en nuestro país tratando de rehacer sus vidas. El Gobierno, previo acuerdo con las comunidades autónomas, los distribuyó por 14 regiones. 80 de ellos fueron trasladados a Francia y 69 renunciaron a formar parte del programa de protección. Moncloa les había prometido empleo remunerado, vivienda y libre circulación por España.

La gran mayoría, 545, eran hombres, y 84 mujeres. Pero aquel 17 de junio de 2018 también llegaron a Valencia, por orden expresa de Pedro Sánchez tras el cierre de puertas de Italia y Malta, 73 menores no acompañados y otros 10 menores con sus familias. A todos ellos, de 25 nacionalidades distintas, se les concedió un permiso de estancia extraordinario de 45 días por razones humanitarias y se les garantizó la posibilidad de solicitar asilo. Casi la mitad optaron por hacerlo en Francia, que aceptó el traslado de 80.

Cinco años después, por eso, de las 371 solicitudes de asilo que se tramitaron en nuestro país únicamente se han atendido 75 según cifras del Ministerio del Interior. Todas estas solicitudes, excepto la de tres inmigrantes que en estos cinco años han fallecido o bien han desistido por culpa del proceso, siguen pendientes de que la administración española les resuelva su solicitud.

Entre estas personas que esperan una respuesta por parte del Gobierno del PSOE y Podemos se encuentra un grupo de 30 inmigrantes atendidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mayoritariamente mujeres nigerianas en situación vulnerable, -muchas de las cuáles víctimas de violencias sexuales-, y que están esperando la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

Efecto llamada

La acogida del buque Aquarius en Valencia, en un momento crítico para la entrada de inmigrantes ilegales por la mano dura de Italia y el rechazo de Malta, ha provocado un efecto llamada que ha hecho aumentar de forma considerable la llegada de irregulares a España. Desde la recepción de las 629 personas que viajaban a bordo de este barco, que atracó en el Puerto de Valencia el 17 de junio de 2018, son más de 200.000 los ilegales que han cruzado nuestras fronteras de forma ilegal.

En tan solo tres meses, tras esa decisión de Sánchez, se multiplicó un 140% la llegada de inmigrantes ilegales. De los 3.937 inmigrantes contabilizados hasta mayo de ese año, según datos del Ministerio del Interior, se pasó a los casi 10.000 que llegaron a territorio español durante el mes de julio. Dos años más tarde, en verano del 2020, la crisis migratoria que provocó el hacinamiento en el muelle de Arguineguin (Gran Canaria) disparó esas cifras.