El impuesto de Sánchez al diésel provoca cientos de despidos en las fábricas automovilísticas españolas

El impuesto de Sánchez al diésel provoca cientos de despidos en las fábricas automovilísticas españolas
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Borja Jiménez

El duro golpe de Pedro Sánchez al diésel ya está pasando factura a la industria del motor. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue quien asestó el primer golpe al sector al señalar que los motores diésel tenían «los días contados», momento en el que cientos de potenciales clientes frenaron sus intenciones de compra de coches. Un hecho, que ya se ve reflejado, no sólo en el desplome de ventas, sino en los cientos de despidos en la industria automovilística española, que fabrica fundamentalmente coches con este tipo de carburante.

Si bien es cierto que la incertidumbre económica y política en España no ayuda, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de penalizar a los motores diésel ha sido un duro golpe para el sector, cuyas ventas se han desplomado en torno a un 10%.

De momento, varias marcas han anunciado recortes en sus plantillas y reducciones de jornada. La planta de Nissan en Barcelona abrió la veda al anunciar un ajuste de hasta 600 personas en marzo de este año. Sin embargo, después de la firma japonesa han anunciado despidos en España empresas como Ford, que este mismo jueves ha hecho pública su intención de recortar 12.000 empleos, que suponen aproximadamente un 20% del total de su plantilla.

En el caso de Ford, los recortes se harán mediante bajas voluntarias como parte de su plan de reestructuración en Europa, con el que quiere crear un negocio sostenible y rentable. La planta española de Almusafes (Valencia) se verá afectada, y queda pendiente de las decisiones que tome la compañía.

Por el momento, Ford emplea en España a 8.100 personas en tres turnos y va a crear una instalación de montaje de baterías para vehículos electrificados, que se espera que esté operativa para septiembre de 2020.

Además, la multinacional francesa PSA presentó también en marzo ante las autoridades laborales aragonesas un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para eliminar 70 puestos de trabajo en la factoría de Opel de Figueruelas (Zaragoza). Se trató del primer ERE de extinción que presenta PSA desde que se hizo con el control de la fábrica, hace año y medio. Además, dejó en el aire el futuro de casi 200 empleos más, que serán revisados en los próximos meses.

Y la cosa no queda ahí. Emilio Titos, director de Mercedes Vitoria -factoría centrada principalmente en vehículos industriales y comerciales de diésel-, señaló recientemente la puesta en marcha del denominado plan Boost para reducir los costes en un 16%.

El desplome del diésel

Y lo cierto es que los despidos están en cierto modo justificados. En 2015, las ventas de coches diésel suponían un 63% del total; hoy, apenas alcanzan el 36%. Una caída potenciada por el duro castigo al que quiere someter Pedro Sánchez a este tipo de carburante.

La facturación por ventas de vehículos de gasolina para el transporte de menos de diez personas y con una cilindrada menor o igual a 1.500 centímetros cúbicos ha sido la mayor de la industria en 2018, con un volumen de 14.615 millones de euros, lo que supone una subida del 23,2% en 2018 respecto al año anterior.

Según la Encuesta Industrial Anual de Productos difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los ingresos para vender coches de gasolina quedaron por primera vez por encima en 15 años de los generados por las ventas de coches diésel, que han supuesto 11.009 millones de euros que son un 10,7% menos que en 2017.

El Gobierno ya aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que contemplaba la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendría un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondría unos 36 euros al año.

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