El fracaso del ingreso mínimo: lo cobran 400.000 y no 2,3 millones como vendieron Escrivá e Iglesias

El ingreso mínimo vital que ideó Pablo Iglesias -y que está ejecutando José Luis Escrivá- lo han cobrado 400.000 personas hasta noviembre, a pesar de que la medida se aprobó en mayo y en ese momento el Gobierno estimaba, como recoge la referencia del Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo, que sería el principal y único sustento de 2,3 millones de personas.

Es decir, que hasta el momento la realidad es que sólo se benefician el 17% de los beneficiarios que estimaron Pablo Iglesias y José Luis Escrivá en el primer estado de alarma, cuando la medida se vendió como el gran salvavidas de las personas más desfavorecidas del país.

A pesar de que las cifras son reveladoras, Israel Arroyo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, ha explicado este miércoles que las modificaciones realizadas en el texto del Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital están, a su juicio, «funcionando». La realidad es que, hasta el momento, se han beneficiado 150.000 hogares, según los propios datos oficiales difundidos por Arroyo, muy lejos de los 850.000 que anunció el Gobierno en su día.

Arroyo compareció este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado. En su comparecencia, tras las duras críticas del Partido Popular y de la senadora María Mercedes Fernández, el número dos del Ministerio de José Luis Escrivá se ha justificado. Dice que el ingreso mínimo era un proyecto de legislatura que se activó en sólo tres meses por la pandemia.

Exigencia de ser demandante de empleo

También ha desmentido que se haya suprimido la exigencia de ser demandante de empleo, aunque lo cierto es que en varias prestaciones, según documentos de su propio ministerio y las afirmaciones de empleados del propio SEPE, sí se ha hecho. Los sindicatos afirman por activa y por pasiva que es imposible hacer frente a un alto volumen pagos como el que tienen que hacer y, además, vigilar que se cumplen las exigencias aparejadas para los beneficiarios.

Una de las cosas más preocupantes -que revelan el caos en la gestión de esta prestación que para el Gobierno es la clave para acabar con la pobreza- es el baile de cifras desde que se anunció. Lo que deja entrever que más allá de una medida social también se cuela en la gestión del ingreso mínimo la propaganda. Por ejemplo, en mayo se llegó a hablar de 2,2 millones de beneficiarios y de 2,3 millones. Algo que puede parecer únicamente un error pero que implican 100.000 beneficiarios más o 100.000 beneficiarios menos por lo que el error no es baladí.

Cálculos erróneos

Por otro lado, el número de hogares beneficiarios se ha modificado ya 3 veces en 6 meses. Inicialmente Pablo Iglesias calculó que los hogares a los que su medida llegaría sería de 850.000 personas, aunque José Luis Escrivá rebajó este cálculo a 50.000 personas el 7 de octubre, admitiendo que «es posible que la foto de 850.000 fuera demasiado optimista o no». Sin embargo, en el Plan Presupuestario para 2021 enviado a Bruselas cifraba días después otra vez en «850.000 familias» los supuestos beneficiarios. En la actualidad son 150.000.

Esto significa que, desde el 17 de octubre, cuando Escrivá dijo que había 136.000 hogares que se beneficiaban del ingreso mínimo, hasta el 25 de noviembre -cuando el Gobierno ha cifrado en 150.000 los beneficiarios- apenas 14.000 hogares nuevos se han beneficiado. Es decir, que a este ritmo que el secretario de Estado ver adecuado se tardarían 25 meses, más de dos años, en alcanzar los 500.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo de los que habló Escrivá. Y eso aspirando a la previsión rebajada y no a los 850.000 de los que se habló en un principio y que figuran en la hoja de ruta que el Gobierno de Sánchez e Iglesias vendió en Bruselas.

Prestación de nueva creación

El Gobierno, en palabras de Arroyo, se escuda, ante el fracaso del ingreso mínimo, que los hogares «han esperado tres meses y mucho más» cuando no existía esta prestación de nueva creación y que la ayuda se está gestionando «mucho más rápido que en ninguna comunidad autónoma».

También reconoce que se están rechazando solicitudes que no cumplen unos requisitos que el propio Ejecutivo admite que son «complejos». De hecho, el propio Pablo Iglesias hizo autocrítica por el exceso de burocracia que lleva aparejada esta medida y el Consejo de Ministros aprobó una reforma legal para agilizar todos los trámites.

El ingreso mínimo vital oscila entre los 461 y los 1.100 euros mensuales y busca reducir un 80% la pobreza severa. No obstante, tanto economistas como diversos expertos aclaran que apostar por una España subsidiada es un error ya que las iniciativas que sirven realmente para mejorar la situación financiera de un hogar es que las empresas privadas puedan crear empleo y les contraten. Sin embargo, la hoja de ruta del Gobierno es subir impuestos y dar subsidios.