Más de 13,5 millones de españoles cobran del Estado, casi 17 contando a los funcionarios

Que el Estado en España tiene obesidad -con un gasto público disparado y con unos niveles de déficit público y de deuda pública inasumibles- es algo que denuncian desde hace tiempo la mayor parte de los organismos internacionales serios y de los servicios de estudios privados. Pero hay cifras que, cuando se ponen sobre la mesa, muestran la intensidad de la España subsidiada. Y la realidad.

Según los datos de finales de septiembre del propio Gobierno, los últimos disponibles, hay 13,5 millones de personas que cobran su nómina del Estado, una cifra que asciende a 16,8 millones de personas si se cuentan también a los empleados públicos de las distintas administraciones, englobados bajo la etiqueta de ‘funcionarios’ a nivel popular.

Hay 13,5 millones de personas que cobran su nómina del Estado, una cifra que asciende a 16,8 millones si se cuentan también a los empleados públicos

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, en septiembre (y contando a los que están incluidos en un ERTE) había 12,7 millones de asalariados del sector privado, lo que muestra que hay muchas más personas cobrando del sector público que de las empresas de iniciativa privada. Lo que sin duda permite entender que el déficit público vaya a escalar al 12% del PIB y la deuda a rebasar el 120%, niveles inasumibles a medio y largo plazo que, según los organismos internacionales obligarán a impulsar -antes o después- nuevos recortes.

Aunque suelen decir que las comparaciones son odiosas, también pueden ayudar a mostrar la dimensión de la realidad. Sólo hay que observar que Microsoft, que es considerada en algunos ránking la mayor empresa del mundo, tiene 163.000 trabajadores en el planeta en 2020. Inditex, que es la multinacional más grande de España, cuenta en el mundo con 174.000 profesionales, según los datos que figuran en su página web. Es decir, que el Estado español hace frente a 100 veces más nóminas -en cifras redondas- que Inditex o Microsoft.

El Estado español hace frente a 100 veces más nóminas -en cifras redondas- que Inditex o Microsoft

El sistema de pensiones, la Seguridad Social, es el que más prestaciones abona mes a mes. Sólo las pensiones contributivas son 9,77 millones, a las que hay que sumar 449.188 no contributivas, 10.555 pensiones por discapacidad, o 2.569 pensiones asistenciales. Y, mientras tanto, el Gobierno sigue creando nuevas subvenciones como el ingreso mínimo vital o el último subsidio aprobado en el Consejo de Ministros que, aunque está teniendo problemas para abonarlos, crean una pescadilla que se muerde la cola ya que obligan a contratar a más funcionarios o empleados públicos para gestionar las nuevas subvenciones públicas.

El Gobierno sigue creando nuevas subvenciones como el ingreso mínimo vital, aunque está teniendo problemas para abonarlas

A esto se suma que hay 2,54 millones de personas cobrando prestaciones de paro -tanto contributivas como no contributivas- y 728.909 personas en septiembre cobrando un ERTE. El número de funcionarios, según el INE, ascendía en el tercer trimestre a 3,33 millones de personas.

Aunque esto no significa que todos los servicios públicos que presta el Estado haya que suprimirlos o sean ineficientes, sí que evidencia un problema global: que los subsidios, en la actualidad, están asfixiando la productividad del país de una manera inexorable.  Y no sólo durante la pandemia. En 2019 -antes de que estallara la crisis del coronavirus- el sector público gastaba en España 521.949 millones de euros, 11.028 euros por cada habitante. De hecho, el gasto per cápita ha crecido entre 2007 -antes de la anterior crisis- y 2019 -antes de la actual- exactamente un 20%.

El gasto público español superará la barrera de los 600.000 millones de euros, según el Fondo Monetario Internacional

El problema es que, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto público se disparará a los 575.375 millones de euros en 2020 y llegará a superar la barrera de los 600.000 millones en 2024, a pesar de que muchas de las promesas de gasto que pactaron el PSOE y Podemos para llegar a La Moncloa aún no se han puesto en marcha. Ni siquiera en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se anunciaron más tarde que estas estimaciones del FMI y que aún no se han aprobado.

Sin embargo, esto será compatible con reducir el peso del sector público sobre la riqueza desde el máximo alcanzado en 2020. Si en 2019 el gasto de las administraciones sobre el PIB ascendía al 41,9%, en 2020 será, según el Fondo, del 52,7%. La reducción será paulatina: al 48% en 2021, al 46,2% en 2022, al 45,01% en 2023, al 44,06% en 2024 y al 42,8% en 2025.  ¿Esto qué significa? En primer lugar, que se irán retirando los estímulos impulsados en la pandemia pero que, si la subida del gasto ha sido vertiginosa en 2020, la reducción será mucho más lenta. Y en segundo lugar, que el nivel de gasto público seguirá siendo en 2025 superior al que había antes de la crisis del coronavirus, que ha provocado caídas del PIB sin precedentes y que está dejando a miles de familias en serios apuros.