La alcaldesa socialista de Ciempozuelos intenta subirse el sueldo 2 años después de aumentárselo el 26%

La alcaldesa socialista de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, quiere subirse el sueldo un 5,3%, hasta los 40.236,13 euros, apenas dos años después del inicio de su legislatura, cuando se lo subió un 26,40%, de los 27.800 euros anuales que percibía la anterior alcaldesa, María Jesús Alonso (Ahora Ciempozuelos) a los 37.800 euros.

El Partido Popular denuncia que Jimeno trata de maniobrar esta subida de sueldo aprovechando la subida salarial del 2% que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene que realizar a los funcionarios del municipio, de tal forma que la socialista, también secretaria general del PSOE en la localidad y miembro del Comité Federal del PSOE por apuesta personal y directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pase a cobrar 12.436,13 euros más que su antecesora en el cargo.

La propuesta de esa subida de sueldo a la alcaldesa fue presenta el pasado miércoles 19 de enero en la Comisión Informativa y se debatirá en el próximo pleno ordinario que se va a celebrar el próximo jueves 27 de enero.

El Grupo Municipal Popular ya ha anunciado el voto en contra porque «la situación económica actual no está para subidas de sueldo de políticos aprovechando la de los funcionarios por ley mientras los vecinos ven como sube la luz, los carburantes y los productos básicos».

Jimeno ha saltado a la palestra en los últimos días después de que Vox denunciara que su Gobierno había ordenado allanar su despacho en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde el partido liderado por Santiago Abascal custodiaba documentación política y un equipo informático con acceso a Internet y al mail corporativo de todo Vox.

La denuncia de Vox ante la Guardia Civil indicaba que el acto suponía “una violación del domicilio jurídico y de la intimidad del partido y atenta contra el secreto y el sigilo debido de la documentación y los datos personales y jurídicos protegidos por la Ley en general y específicamente en la Constitución Española”. “El acto de allanamiento de domicilio jurídico de un partido político es más propio de dictaduras socialcomunistas que de un país democrático perteneciente a la Unión Europea”, agregaban.

Además, poco después de conocerse estos hechos y tal y como publicó OKDIARIO, la alcaldesa socialista intentó expulsar de sus despachos en el Consistorio a todos los grupos municipales, permitiéndoles únicamente acceder por las tardes y los fines de semana.

Un intento al que, finalmente, tuvo que renunciar después de que el Partido Popular señalara la ilegalidad de esa expulsión y solicitara la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para tratar el asunto.