Acciona y Tragsa encubrieron delitos en el ‘caso Koldo’ borrando pruebas clave

Informes internos aportados a la Audiencia Nacional revelan que el caso Koldo tiene una dimensión de presunto encubrimiento interno que va más allá de las comisiones por adjudicaciones de obra pública. Acciona reconoce que alguien dentro de la propia empresa «ocultó» deliberadamente pagos irregulares a Servinabar para que sus sistemas de control no los detectaran. Además, una auditoría forense encargada por Tragsa ha recuperado emails borrados. Se trata de correos que prueban cómo Ignacio Zaldívar, directivo de ADIF, presionó para contratar como administrativa a «la sobrina del ministro», Jésica Rodríguez. En realidad, era la pareja sentimental de José Luis Ábalos y se saltó a 929 candidatos.

Los dos documentos —el informe de Acciona de diciembre de 2025 y la auditoría forense de Tragsa elaborada en agosto de 2025 por la UTE Molevide Informáticos y Juristas— dibujan un ecosistema de corrupción que se ramifica hacia el interior de las propias instituciones implicadas.

El informe de Acciona, de 151 páginas, constituye una confesión estructurada. La constructora liderada por José Manuel Entercanales reconoce ante el fiscal Luis Pastor que en dos de sus proyectos más relevantes —la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat y la Variante de Logroño, obras adjudicadas con presuntas comisiones a Ábalos y a Koldo García Izaguirre— «no ha podido acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar». Sólo en esas dos obras, Acciona pagó a Servinabar más de 3,1 millones de euros.

«Mendacidad y ocultación»

Lo que inquieta especialmente a los investigadores no es el importe, sino la advertencia que formula la propia constructora: el fraude fue «indetectable e indetectado precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación» para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder. En otras palabras, alguien dentro de Acciona maniobró deliberadamente en secreto ocultando pruebas para que los contratos parecieran limpios.

La empresa añade: «Debemos destacar que la investigación ha sido limitada a los medios de los que dispone la compañía. Ponemos de manifiesto que la compañía no ha tratado de averiguar, por carecer de potestad que pudiera ser efectiva, si alguno o algunos de sus empleados, en particular aquellos que han sido desvinculados de la compañía, han podido enriquecerse en el sentido de haber recibido algún tipo de retorno de las cantidades que, supuestamente, podrían haber sido ilícitamente detraídas de la compañía en sus irregulares contrataciones con Servinabar».

Acciona señala la complicidad interna con la trama mediante «ocultación» de pruebas, pero declina investigarla, pidiendo implícitamente que sea la Guardia Civil quien descubra si sus directivos recibieron mordidas de Servinabar.

Pruebas borradas en Tragsa

También sorprendente resulta el contenido de la auditoría forense encargada por Tragsa, empresa pública que dirige Jesús Casas. Los peritos analizaron mediante búsqueda ciega de palabras clave los buzones de correo de ocho empleados, pero también aplicaron técnicas de recuperación de datos borrados: inspeccionaron ficheros y las papeleras de reciclaje, recuperando información que había sido eliminada deliberadamente justo después de la declaración de Jésica Rodríguez reconociendo en el Supremo que cobraba sin trabajar.

Lo que encontraron reconstruye con precisión quirúrgica cómo Zaldívar, directivo de ADIF e interlocutor del contrato de asistencia técnica con Tragsatec, impuso la contratación de Jésica Rodríguez —identificada en documentos internos como «Sobrina ministro»— para un puesto de administrativa que ella no cumplía.

El proceso comenzó en enero de 2021, cuando Zaldívar envió un correo a Virginia Barbancho, responsable de actuación en Tragsatec, adjuntando el currículum de Jésica Rodríguez junto a otras solicitudes de personal. El mensaje terminaba con una frase que los peritos subrayan por su laconismo: «Cuando puedas, lo comentamos». Dos días después volvió a mandar el mismo currículum.

El 1 de febrero, Barbancho pedía a la responsable de recursos humanos abrir la vacante 25.432 «para vincular estos dos CV», los de las candidatas propuestas por Zaldívar.

La propia Barbancho resumía en una hoja de cálculo interna, recuperada por los peritos entre los archivos borrados, el criterio real de la selección: junto al nombre de Jésica Rodríguez, la columna de observaciones rezaba escuetamente «sobrina ministro». Sabían que estaba ahí por ser cercana al ministro. En otras ocasiones comentaban que era «sobrina de Koldo», pero en realidad era la novia del ex ministro de Transportes.

Presiones desde ADIF

La auditoría forense recupera comunicaciones internas que revelan el alcance de las presiones. Cuando el controller Sergio Bote intentaba exigir a Jésica Rodríguez que fichara —nunca lo hizo ni un solo día en marzo de 2021—, recibió un correo de Zaldívar ordenando que «lo pararan».

La propia Barbancho describía la situación en un correo a sus superiores con una eufonía reveladora: tenía «un asunto bastante delicado entre manos» en relación con «una persona que tenemos contratada en la encomienda de Ignacio Zaldívar».

Poco después, Barbancho informaba a sus compañeros de que «ya han llamado a la presidenta de ADIF para decirle que qué pasa con Tragsa, que le estamos obligando a Jésica a hacer muchas cosas».

Los partes horarios manipulados

Los peritos informáticos documentaron además que los partes horarios de la empleada —acreditativos de su presencia efectiva en el trabajo— fueron cumplimentados por terceros durante los meses en que el jefe de departamento Pablo Boticario firmaba las certificaciones mensuales que Zaldívar remitía a Tragsatec para cobrar el servicio a ADIF.

Cada mes, ADIF certificaba el trabajo de Jésica Rodríguez, generando un flujo de dinero público que pagaba una prestación que los propios correos recuperados sugieren que nunca se produjo.

Lo que el juez Moreno tiene ahora sobre la mesa es algo más complejo que una trama de comisiones. Los documentos revelan una doble estructura: el circuito de pagos a través de Servinabar y el Bar Franky que habría alimentado a Koldo y la trama; y una red de favores institucionales en que tanto Acciona como ADIF habrían actuado como instrumentos para beneficiar a personas afines, con la complicidad activa —o la mirada deliberadamente apartada— de empleados que ahora los investigadores tratan de identificar. El rastro, en ambos casos, lleva al dinero público.