Ofensiva de la Cámara de Cuentas de Madrid contra Begoña: investiga el gasto de 109.140 € para ‘su’ software

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado que investigará al menos seis contratos por un importe total de 109.140 euros relacionados con el desarrollo del software de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que dirigía sin título universitario Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El organismo fiscalizador que dirige Joaquín Leguina ha comunicado al magistrado, con fecha 26 de mayo de 2026, que someterá a fiscalización todos esos contratos en el marco del programa aprobado en febrero de 2025 por su Consejo, a iniciativa de la Asamblea de Madrid.

La providencia firmada por el juez Peinado el 28 de mayo de 2026 ha dado traslado del escrito de la Cámara de Cuentas a las partes del procedimiento y ha comunicado a dicho organismo que en esta causa no existe secreto de actuaciones, despejando así el camino para que el trabajo de fiscalización pueda desarrollarse sin cortapisas.

Nulidad administrativa

El contrato más relevante que ha aflorado en la documentación remitida por la Intervención de la UCM es el adjudicado a Making Science Group SA por importe de 24.200 euros, IVA incluido, para el desarrollo de la plataforma Transforma TSC, marca registrada por Begoña Gómez.

La propia Intervención de la universidad ha concluido en su informe que en esa contratación «se prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido» en la Ley de Contratos del Sector Público y en las normas de ejecución presupuestaria, lo que, a su juicio, conlleva la nulidad del contrato.

Además de ese pago, la Complutense ha identificado otros cinco contratos menores vinculados al desarrollo de la misma herramienta informática, aunque imputados a un fondo específico del máster asociado a la cátedra: uno, adjudicado a Myriam Maneyro por 3.025 euros para servicios de diseño e identidad de marca de la plataforma; otro, a Low Post SL por 1.452 euros para servicios de copywriting; y un tercero, a Flat 101 SL por 1.815 euros para servicios de posicionamiento SEO.

La suma de todos ellos, junto con dos contratos adjudicados a Deloitte Consulting por 18.148 euros y 60.500 euros respectivamente para la creación y puesta en marcha de la plataforma, eleva el volumen económico fiscalizable relacionado con el software a una cifra superior a los 100.000 euros.

El segundo de los contratos de Deloitte, por 60.500 euros, sí fue objeto de un procedimiento abierto simplificado —el PAS 35/23— y superó la fiscalización previa favorable en todas sus fases. No ocurrió lo mismo con el primero, de 18.148 euros, ni con el de Making Science, cuya tramitación la Intervención ha calificado de inopinada: sin expediente de contratación, sin autorización previa del gasto y sin ninguno de los requisitos exigidos por la normativa de contratación pública.

Antecedentes del caso

La investigación judicial se inició tras denuncias presentadas por varias acusaciones populares —entre ellas HazteOir, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España— por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

La propia UCM se ha personado en el procedimiento como actor civil y, con fecha 20 de enero de 2026, ha presentado un informe cuantificando los «eventuales» daños y perjuicios contra Begoña Gómez por una presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra. En total hablan de casi 130.000 euros pero por ahora no queda claro que los reclamen directamente.

La Cámara de Cuentas incluyó la «Fiscalización de los contratos formalizados por la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid desde su creación» en su programa para 2025, aprobado en sesión del Consejo el 25 de febrero de ese año.

El 27 de abril de 2026, el Presidente del organismo comunicó el inicio de los trabajos a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, y al día siguiente se solicitó al Rector de la UCM una relación completa de todos los contratos celebrados para el funcionamiento de la cátedra desde su creación hasta su resolución.

La respuesta de la universidad, firmada por su interventora el 19 de mayo de 2026, ha sido la que ha aportado el listado de contratos ahora en manos del organismo fiscalizador. El documento abarca los ejercicios 2021, 2022 y 2023 e incluye, entre otros, pagos por servicios de comunicación, logística y difusión de los congresos y actividades de la cátedra.

La fiscalización que ahora arranca podría convertirse en el eslabón contable que cierre el círculo: mientras el juez Peinado instruye el caso desde el ángulo penal, la Cámara de Cuentas escrutará el mismo expediente desde la óptica del control del gasto público. Dos frentes simultáneos, un mismo software en el centro.