El fiscal destruye a la CHJ que exculpó la juez de la DANA: «¿No creyeron importante avisar del Poyo?»

Cristina Solá, comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha admitido este viernes, en su comparecencia como testigo en el caso de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, a preguntas del fiscal, que nadie de la Confederación trasladó al CECOPI la descomunal crecida del barranco del Poyo, que estuvo en el origen de la tragedia. Se da la circunstancia de que la juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye las diligencias previas de este caso, exculpó en su día a la Confederación del Júcar, frente a las acusaciones personadas que reclamaban la imputación de su máximo responsable, Miguel Polo.

El fiscal ha preguntado a la comisaria de la CHJ si «concretamente» se habló de ese correo, «de esa medición de 1.941 metros cúbicos (m3) en el CECOPI». Y ella ha respondido que no: «El dato, cuando estaba mandado, ya está. No se habló de ese punto».

Esa versión ratifica en cierto modo la versión ofrecida por el propio Miguel Polo; en su comparecencia ante la comisión de investigación de la riada en el Senado, cuando reconoció que no informó directamente de la mortal crecida del barranco del Poyo. Y ello, a pesar de ser la máxima autoridad de la citada agencia gubernativa y la angustiosa situación que se vivía en Valencia en aquella trágica jornada que se saldó con 230 muertos. Según explicó entonces Miguel Polo en la comparecencia, él, a pesar de la situación, «no tenía por qué hacerlo». 

En síntesis, este viernes, en sede judicial, Cristina Solá ha reconocido que la Confederación disponía de información sobre la evolución extraordinaria del barranco del Poyo. Que esa información fue valorada a nivel interno ante la gravedad de la situación, pero que no se realizó una comunicación específica al CECOPI, más allá del famoso correo. Y que esa información de que disponía la CHJ no fue objeto de una advertencia expresa en las horas más críticas.

En otro tramo de su comparecencia, la comisaria de Aguas de la Confederación ha admitido que los agentes medioambientales de la Confederación estuvieron vigilando los cauces, pero que el que estaba destinado al Poyo se encontraba teletrabajando.

De hecho, en el transcurso de su declaración y también a preguntas del Ministerio Fiscal, la responsable de la Confederación ha reconocido que en las horas críticas, las que transcurrieron entre las 16:13 y las 18:43, no se remitió a la Generalitat Valenciana ningún aviso específico y directo relativo al incremento de caudal en el Poyo. Y ello, a pesar de que los registros experimentaron un extraordinario crecimiento: de valores muy reducidos a caudales excepcionales.

Cristina Sola ha admitido, también a preguntas del Ministerio Fiscal, que la CHJ disponía de esos datos y que la valoración efectuada por Confederación a nivel interno era de que se hallaban ante una situación «extraordinaria». Pero, esa información no se transmitió al CECOPI más allá de los correos. De hecho, ha reconocido la testigo que la Confederación centró su intervención en la presa de Forata y en los caudales asociados al Magro, porque entendían que esa era la información específica que podían dar.

También ha expuesto que en el CECOPI no se habló del dato de los 1.700 metros cúbicos por segundo (m3/s) registrados en el Poyo y que, en consecuencia, tampoco se les requirió una interpretación específica de lo que aquellos caudales suponían.

El conjunto de estas manifestaciones efectuadas a preguntas del fiscal por Cristina Solá ha demostrado la versión sostenida en el caso por la consellera Salomé Pradas, una de las dos personas investigadas en la causa, según fuentes de la defensa de la citada ex consellera.