Acciona admite «indicios de posible fraccionamiento» de contratos con Servinabar y facturas con fechas que no cuadran

Acciona Construcción ha entregado al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, un nuevo informe de 151 páginas en el que, al analizar sus relaciones con Servinabar SL —empresa señalada por la UCO como pieza clave del caso Koldo por ser de Santos Cerdán y su socio Anxon Alonso—, admite del orden de siete irregularidades en sus propios procedimientos internos. Se han pagado 6,9 millones de euros procedentes de contratos públicos a esa sociedad fantasma investigada por ser una posible tapadera de pagos de Acciona a cargos del PSOE. 

Estas son las presuntas irregularidades que confiesa Acciona, tal como ha podido saber OKDIARIO:

1. Fraccionamiento de pedidos: «Se detectan indicios de un posible fraccionamiento del pedido de compra», en el Proyecto Mina Muga, con dos pedidos de servicios similares firmados el mismo día para mantenerse por debajo del umbral de 15.000 euros que obliga a licitar.
2. Facturas anteriores al contrato: «Se observa que la primera factura tiene fecha anterior al pedido», anomalía que se repite en varios proyectos distintos.
3. Sin soporte documental: «No se ha podido recabar soporte documental suficiente de la prestación», reconocido en al menos seis proyectos.
4. 500.577 euros sin pedido: El contrato Bid Manager generó 42 facturas mensuales, todas ellas «sin pedido» registrado, conformadas mediante «Ajuste al Gasto».
5. Informes rehechos con datos propios: En la obra Sant Feliu, Servinabar cobró más de un millón por informes que «resultaban de consolidar información elaborada por la propia Acciona Construcción». Acciona lo califica de informes «extraños».
6. Facturas sin firmar: En la UTE Autovía Recajo, «en algunos casos sólo estaban firmadas por una posición o estaban sin firmar».
7. Precio no contemplado en pedido: En la UTE Autovía Recajo se facturaron importes —10.587,50 euros y 12.705 euros— que «no están contemplados en el pedido 193 ni en sus ampliaciones».

La irregularidad más explícita que recoge el texto es el reconocimiento de un posible fraccionamiento de contratos en el Proyecto Mina Muga, en Pamplona. Al analizar dos pedidos suscritos el mismo día —el 381156 y el 381157— por servicios «similares» con Servinabar, el informe admite que «se detectan indicios de un posible fraccionamiento del pedido de compra».

Es una práctica que habría permitido mantener cada encargo por debajo del umbral de 15.000 euros que obliga a tramitar una propuesta formal de adjudicación y a solicitar ofertas competitivas.

Además, la frase que se repite con más insistencia a lo largo del informe es igualmente reveladora: «A la fecha de emisión de este informe, no se ha podido recabar soporte documental suficiente de la prestación.»

Esa advertencia aparece en al menos seis proyectos: de líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona, un derribo en Zaragoza, una autovía en Lugo, una superestructura en Castellón o una urbanización en Pamplona.

A ello se añade otra anomalía detectada en varios contratos: facturas emitidas antes de que existiera el pedido que debería ampararlas. El informe lo menciona en distintos proyectos con idéntica fórmula: «Se observa que la primera factura tiene fecha anterior al pedido.»

La propia constructora presidida por José Manuel Entrecanales lo justifica señalando que «esto sucede en ocasiones cuando se trata de pedidos o contrataciones de bajo importe para ir avanzando en el inicio de los trabajos», una explicación que los investigadores deberán ponderar.

Sobre el proyecto de integración ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el más voluminoso de todos con 1.252.591 euros facturados entre 2020 y 2024, el informe de Acciona introduce una observación que socava la propia argumentación defensiva de la empresa: «Resulta extraño que esos informes excedieran del marco contractual comprometido».

Dicen que tras su revisión «se constató que esos informes periódicos, en realidad, resultaban de consolidar información elaborada por la propia Acciona Construcción sobre calidad y seguimiento de obra». Es decir, Servinabar habría cobrado más de un millón de euros por reempaquetar documentación que ya poseía la propia constructora.

Pago al director general

La entrega de un informe tan prolijo —y tan plagado de reconocimientos incómodos— constituye una táctica procesal audaz: Acciona ha elegido la transparencia como escudo. Si el próximo paso es personarse como parte perjudicada por la trama, es algo que las próximas semanas o meses nos dirá.