Los fondos piden embargar a la Selección en cada ciudad que pise en EEUU por los impagos a las renovables

Los fondos internacionales acreedores de la deuda por los impagos a las renovables del Gobierno de Pedro Sánchez han dado un paso más en el cerco a la selección española de fútbol y en su paso por Estados Unidos en el Mundial de fútbol que comienza este jueves. Tras imponerse al Ejecutivo español y obtener el permiso del juzgado de EEUU, ahora han registrado la sentencia que les permite embargar bienes a España en los distritos federales de todas las ciudades donde la Selección podría jugar en EEUU si va ganando a sus rivales y superando fases.

Se trata de la sentencia que le da la victoria a los fondos en el caso Watkins, que obliga a España a pagar a estos acreedores 79,5 millones de euros por el principal más los intereses de demora y las costas del proceso. Es la cantidad de dinero que pueden embargar a España este verano en bienes nacionales. La deuda total de los siete procesos perdidos por España en Estados Unidos asciende a más de 700 millones de euros.

Los fondos ya habían mandado requerimientos a empresas que tienen relaciones con la Selección de fútbol, como Adidas o a Baylor School, las instalaciones deportivas donde está entrenando el equipo de Luis de la Fuente, para localizar activos susceptibles de ser embargados.

Ahora, los fondos acreedores de los impagos a las renovables de Sánchez han registrado la sentencia en tribunales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros territorios de EEUU.

Este procedimiento constituye un paso fundamental para facilitar futuras actuaciones de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes. Incluso el avión del Rey, en caso de que pise Estados Unidos, es objetivo de embargo de los fondos.

«Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes», señalan fuentes próximas a los procedimientos, que están siendo gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding. «La expansión de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente», insisten estas fuentes.

La deuda de España sigue creciendo por los impagos a las renovables. España acumula 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en EEUU, pero también en Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido o Singapur.

España debe 2.316 millones a las empresas afectadas. De esta cifra, 552 millones se corresponden con los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos. En las últimas semanas, además de las acciones desarrolladas en EEUU, ha trascendido que los acreedores han logrado bloqueo de 250 millones por parte de la justicia belga y el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda.

El origen de este conflicto se remonta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2007 aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%, que redujo unilateralmente en 2010 por la crisis para la fotovoltaica. En 2011 ya se inició el primer arbitraje de fondos afectados por esa decisión.

Cuando en 2012 llega a Moncloa Mariano Rajoy, y para hacer frente a la crisis, decide también unilateralmente reducir las primas a todas las renovables al 7%, lo que originó una oleada de arbitrajes en el Ciadi, tribunal del Banco Mundial.

El tribunal de arbitraje dio la razón mayoritariamente a los fondos, pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagar esas sentencias y batallar jurídicamente alegando, entre otros argumentos, que Bruselas no le permitía pagar esos laudos porque los considera ayudas de Estado.

Los fondos empezaron entonces a acudir a los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos o Reino Unido, que les están dando la razón. Ante la negativa de España a pagar, están en el proceso de embargar bienes españoles en esos países.