España ha gastado 16.500 millones en pagar sentencias contra el Estado desde que Sánchez llegó al Gobierno

Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, España ha gastado más de 16.500 millones de euros públicos en pagar sentencias contra el Estado por diferentes negligencias o malas prácticas legislativas. Esta abultada cifra no sólo pone en entredicho el buen funcionamiento de la Administración, sino que preocupa en gran medida a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

El organismo que dirige Inés Olóndriz ha cuantificado en su segunda opinión sobre riesgos fiscales el impacto que esta mala praxis está teniendo sobre las arcas públicas y, en consecuencia, en el bolsillo de los españoles.

Sólo las causas judiciales desfavorables para el Estado de 2024 y 2025 lastraron el déficit público en más de 14.400 millones de euros. El efecto ascendió a más de 11.200 millones en 2024, el 0,7% del PIB y a 3.100 millones en 2025.

Con todo, la AIReF insiste en la necesidad de reforzar la recopilación, actualización y transparencia de la información relativa a los procedimientos judiciales con posible impacto fiscal.

De hecho, desde el órgano destacan el volumen que supuso en 2024, por ejemplo, la sentencia por el IRPF de pensionistas de mutualidades laborales (casi 6.000 millones de euros) o por la inconstitucionalidad de la reforma del impuesto sobre Sociedades (más de 3.000 millones).

La era Sánchez dispara las sentencias

En este punto, cabe destacar que, pese a que el gasto acumulado de la Administración Central en dicho pago de sentencias contra el Estado asciende a más de 19.400 millones de 2014 a 2025, desde 2018 los pagos por malas prácticas legislativas se dispararon respecto a los tres inmediatamente anteriores.

En 2014, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, España gastó 1.671 millones en el pago de estos errores; en 2015, sin embargo, se redujo drásticamente hasta los 22 millones; en 2016 subió a 436 millones de euros y en 2017 volvió a caer dicho gasto hasta los 113 millones.

En el caso de 2018, la Administración tuvo que desembolsar 568 millones de euros para estos costes judiciales. Sin embargo, lo llamativo llega a partir de 2019, cuando Sánchez ya lleva acomodado en Moncloa un año. 

En dicho ejercicio se llegó a los 713 millones, pero en 2020 se disparó el gasto en sentencias hasta los 1.949 millones de euros; en 2021 hubo que gastar 2.119 millones; en 2022 más de 1.870; en 2023 alrededor de 724 y ya en 2024 y 2025 el coste judicial de la mala praxis del Estado llevó a la Administración a gastar 6.582 y 2.634 millones, respectivamente.

De cara al futuro, el mayor riesgo pendiente ahora y que además presenta un panorama judicial bastante complejo, según la AIReF, es la declaración como contrario a la normativa comunitaria del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. De momento, en lo que va de año, se ha registrado un impacto en el déficit en 2026 por importe de 316 millones, más intereses.

Más planificación fiscal

En el ámbito macroeconómico la autoridad independiente también muestra que los shocks macroeconómicos han sido relevantes para explicar la evolución del PIB per cápita y que su impacto puede trasladarse a las variables fiscales.

En este sentido, la AIReF considera necesario que la planificación fiscal incorpore análisis de sensibilidad y escenarios que permitan evaluar las posibles desviaciones de las previsiones centrales.

El organismo ha propuesto a los ministerios de Hacienda y Economía incorporar análisis de errores de previsión y cuantificar los riesgos macroeconómicos que subyacen a las previsiones macroeconómicas y fiscales con este tipo de estudios en profundidad.