Golpe al Gobierno en EEUU por los impagos a las renovables: vía libre para el embargo de otros 156 millones

La justicia de Estados Unidos (EEUU) ha asestado un nuevo golpe al Gobierno al tumbar la estrategia de defensa del Ejecutivo español en la batalla judicial por evitar pagar las indemnizaciones por los impagos a las renovables de Teresa Ribera y Sara Aagesen, su sustituta en el Ministerio de Transición Ecológica.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha dictado una resolución este lunes, firmada por la juez Loren L. Alikhan, en la que rechaza la petición de España de paralizar la ejecución de una sentencia -referida al caso Antin- que reconoce a los inversores más de 156,6 millones de dólares, más intereses de demora, y permite a los fondos demandantes incautar activos soberanos susceptibles de embargo para satisfacer dicha deuda.

Según la resolución de la jueza, Bruselas no protege a España frente a los embargos y la decisión europea sobre ayudas de Estado no justifica paralizar la ejecución de la sentencia. La magistrada llega a señalar que la insistencia de España en que no puede pagar evidencia una posible falta de voluntad o capacidad para satisfacer la sentencia.

El pronunciamiento judicial tiene especial relevancia porque España había esgrimido como uno de sus principales argumentos para evitar el pago la decisión adoptada por la Comisión Europea en marzo de 2025, según la cual el pago del laudo constituiría una ayuda de Estado incompatible con el Derecho de la Unión Europea.

El Gobierno alegó ante el tribunal norteamericano que tanto el pago de la sentencia como la constitución de una garantía para suspender su ejecución podrían infringir el Derecho comunitario y exponer a España a posibles sanciones de Bruselas.

La Justicia estadounidense ha rechazado este planteamiento. La jueza recuerda que estos argumentos europeos ya habían sido considerados anteriormente y subraya que España no ha demostrado que la constitución de una garantía para asegurar el pago vaya a provocar realmente un procedimiento sancionador de la Comisión Europea. El auto apunta además
que España tampoco ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a Bruselas para pagar la sentencia o constituir dicha garantía.

Pero el razonamiento más contundente de la resolución va incluso más allá. El tribunal concluye que la insistencia de España en que el Derecho europeo le impide pagar constituye, precisamente, un indicio de que existe una probabilidad razonable de que el Estado español no pueda o no quiera satisfacer la sentencia.

La resolución permite que los acreedores de España por los impagos a las renovables registren la sentencia en cualquier otro distrito judicial de Estados Unidos, lo que les dará vía libre para perseguir activos españoles fuera de Washington.

Los demandantes han señalado específicamente la existencia potencial de importantes activos susceptibles de embargo en el Estado de Nueva York. El tribunal considera que existe causa suficiente para permitir el registro nacional de la sentencia y recuerda que otros tribunales han adoptado recientemente decisiones similares contra España.

Los acreedores han remitido requerimientos de información a The Clearing House Payments Company y al Federal Reserve Bank of New York para obtener datos sobre activos de España.

El Gobierno trató de anular dichos requerimientos, pero el tribunal ha rechazado igualmente su petición. La resolución señala que la jurisdicción competente para decidir sobre una eventual impugnación de esas citaciones es el Distrito Sur de Nueva York, puesto que es allí donde debe producirse su cumplimiento.

De esta forma, el fallo facilita que continúe la investigación patrimonial destinada a identificar bienes españoles que puedan ser utilizados para satisfacer la sentencia.

Los impagos a las renovables tienen su inicio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en 2007 decidió aprobar unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando llegó la crisis, Zapatero redujo unilateralmente esas primas en 2010 para las inversiones fotovoltaicas, originando el primer arbitraje contra España.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para hacer frente a la crisis económica que heredó de Zapatero, decidió unilateralmente reducir todas las primas a las inversiones renovables al 7%. Los fondos iniciaron entonces masivamente procedimientos de arbitraje contra España en el Ciadi, tribunal adscrito al Banco Mundial

El Ciadi dio la razón a los fondos acreedores y el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagar esos laudos. Los fondos se vieron obligados a acudir a los tribunales ordinarios de países como Reino Unido, Bélgica Australia o Estados Unidos, que están dando la razón a los acreedores y dando vía libre al embargo de bienes españoles en esos países.

Según datos de los fondos, la deuda supera ya los 2.300 millones de euros. Fuentes de estos fondos explican que han ofrecido un pacto al Gobierno, sin que hayan recibido ninguna respuesta hasta el momento.