Bélgica embarga 840 millones a España por los impagos a las renovables de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez suma y sigue por los impagos a las renovables, estrategia seguida por el Ejecutivo para intentar reducir la factura a pagar por la pérdida de decenas de arbitrajes en los tribunales internacionales por el recorte unilateral en 2010 y 2013 de las primas a las inversiones en energías renovables. Tras el embargo del edificio del Instituto Cervantes en Utrech (Países Bajos),  conocido hace unos días, ahora las malas noticias llegan de Bélgica, donde los embargos por estos impagos a las renovables ascienden ya a 840 millones de euros, según fuentes de los fondos acreedores.

Se trata de los pagos que realiza Eurocontrol a España en concepto de gestión del tráfico aéreo, y refleja la acumulación de diferentes órdenes de embargo dictadas por la justicia belga por las reclamaciones de inversores como Eurus Energy -grupo Toyota- o los fondos RREEF y Operafund.

La cifra de embargos en Bélgica ha ido subiendo mes tras mes pero, además, la gran novedad ahora es que España ha movido ficha y, por primera vez, ha propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, procedimiento que se conoce como scrow.

El movimiento de España significa en la práctica que depositaría en torno a 250 millones de euros en esa cuenta depósito y, a cambio, conseguiría liberar los 840 millones ya embargados y que la cifra vaya subiendo próximamente. En definitiva, depositar 250 millones y liberar 840 millones para que no siga subiendo.

Pero, según fuentes de los fondos acreedores, ese movimiento significa que España se reconoce como deudora, lo que en la práctica debilita también su defensa en otros procesos abiertos en otros países. España ha jugado la baza de la inmunidad soberana para oponerse al pago de estas reclamaciones, algo que se cae con este movimiento en Bélgica, y también la tesis de que Bruselas prohibe a España pagar esas indemnizaciones porque serían ayudas de Estado. 

Los 840 millones de euros de Bélgica se suman a los 688 millones en Estados Unidos, donde los fondos ya han iniciado el proceso para poder embargar pagos e ingresos de la Selección española en el Mundial de fútbol del próximo verano, y a los 469 millones en Australia.

También hay procesos en Reino Unido y en Singapur, donde hay otros 300 millones en juego por la denuncia del gigante norteamericano NextEra. en total, España acumula 27 arbitrajes perdidos y pendientes de pago, que suman algo más de 2.300 millones de euros.

Los fondos acreedores han propuesto al Gobierno sentarse a negociar una solución, sin suerte. De momento, el Ejecutivo sólo alcanzó un acuerdo de pago con la japonesa JGC, pero desde la llegada de Teresa Ribera a la Comisión Europea se ha frenado esa política de pactar con los acreedores de fuera de la Unión Europea.

El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Después, con la crisis, redujo unilateralmente esas primas para las inversiones en energía fotovoltaica, alrededor del 10% del total. Ya en 2011 se registró el primer arbitraje por este motivo.

Cuando llegó Mariano Rajoy al poder, en 2012, decidió también unilateralmente reducir las primas a todas las inversiones en renovables al 7%, lo que provocó una oleada de arbitrajes internacionales de inversores que reclamaban una indemnización por esos recortes.

El primer laudo definitivo de un arbitraje se produjo con Pedro Sánchez en el poder. El Gobierno decidió entonces no pagar esos arbitrajes y batallar en los tribunales argumentando la inmunidad soberana de España -que ha sido rechazada ya en Reino Unido- y que Bruselas consideraría esos pagos como ayudas de Estado. El resultado de esta estrategia procesal ha tardado pero está siendo contundente.