Deutsche Bank pide embargar los pagos de Adidas a la Selección para cobrar las deudas de España por las renovables

Riesgo de embargos a la Selección española en el Mundial de fútbol de Estados Unidos de este verano. Los pagos e ingresos de la Federación Española de Fútbol están bajo la lupa de los tribunales norteamericanos por los impagos a las renovables de Pedro Sánchez y Teresa Ribera después de que un fondo de Deutsche Bank, RREEF, haya mandado requerimientos a Adidas y otras empresas con relaciones comerciales con la Selección española para identificar dinero que puedan embargar y cobrar así una deuda de 74 millones de euros, según ha sentenciado ya la justicia de Estados Unidos.

Deutsche Bank ha enviado requerimientos judiciales a Adidas -consulte el documento- y otras empresas con relaciones comerciales con la Selección española en el Mundial de Estados Unidos, abriendo la puerta a que ese dinero sea intervenido judicialmente y sea embargado para pagar la deuda de España con este fondo por los impagos a las renovables.

Es el caso del Hilton, donde se alojará la Selección española durante la primera fase del Mundial 2026, o de Baylor School, las instalaciones deportivas donde tiene previsto entrenar el grupo de Luis de la Fuente en esta primera fase. También ha enviado requerimientos a Vision Hospitality Group o al operador logístico Rock-it Cargo, que tienen relaciones comerciales con la Federación de cara a la participación de España en el Mundial.

En los requerimientos judiciales, el fondo del Deutsche Bank solicita:

«1. Todos y cada uno de los acuerdos en virtud de los cuales usted actúa como proveedor de propiedades, instalaciones o recursos para España.

2. Todos y cada uno de los documentos relativos a pagos a o desde España o en nombre de España, incluyendo facturas, recibos, registros de pago, registros de transacciones, contabilidad, libros contables, estados de cuenta, avisos de remesa, confirmaciones de transferencia bancaria/ACH, confirmaciones de transferencia, registros de liquidación, cheques, comprobantes de depósito, cheques certificados, cheques de caja, cheques de tesorería y giros postales. Incluya documentos que acrediten todos los mensajes de pago CHIPS, Fedwire o SWIFT relacionados con cualquier pago a o desde España.

3. Todos y cada uno de los documentos y comunicaciones entre usted y España relacionados con su función como proveedor de propiedades, instalaciones o recursos para España».

Fuentes de los fondos acreedores por los recortes de las renovables señalan que se han enviado «decenas de requerimientos judiciales a empresas y entidades con relaciones económicas con España», en las que se exige «información detallada sobre pagos, contratos y vínculos financieros con el Reino de España».

«El objetivo es identificar flujos económicos susceptibles de embargo. En la práctica, esto significa que los pagos y relaciones comerciales ligados a la participación de España en el Mundial están ahora bajo escrutinio judicial, y podrían ser intervenidos para satisfacer las deudas pendientes», explican.

El proceso contra bienes españoles avanza mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una estrategia judicial que ya ha sido tumbada en varios países -Bélgica tiene retenidos 482 millones de bienes españoles en el país-. En Estados Unidos ya hay siete sentencias que reconocen a España como deudor, y la deuda total con los 27 acreedores que tiene el país por los impagos a las renovables suma más de 2.300 millones de euros.

Este conflicto empezó en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, rebajó unilateralmente las primas al 7% para hacer frente al grave déficit heredados de Zapatero.

Los fondos que invirtieron en España acudieron en masa a los tribunales de arbitraje por este recorte en las primas, tribunales que les dieron la razón en la mayoría de los casos. El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar estos arbitrajes, lo que les forzó a presentar demandas en tribunales ordinarios de Reino Unido, Estados Unidos, Australia y otros países.

Estos tribunales están dando la razón de nuevo a los fondos, mientras el Gobierno sigue sin pagar las deudas, que crecen cada día por los intereses de demora. El Ejecutivo español considera que no debe pagar esos laudos al considerarse ayudas de Estado por Bruselas, argumento que están echando abajo los jueces.

El Gobierno de Sánchez ni paga a los fondos ni se sienta a negociar una solución, como están pidiendo ellos antes de lanzarse a embargar bienes de España en el extranjero.