Reclaman a los ayuntamientos de Baleares pisos para los más de 200 guardias civiles que vendrán en verano

Reclaman a los ayuntamientos de Baleares pisos para los más de 200 guardias civiles que vendrán en verano y que no hayan podido encontrar alojamiento por sus propios medios, para que así no tengan que malvivir en coches o caravanas, como tristemente sucede en muchos casos cada temporada turística.

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha solicitado formalmente por escrito ayuda para el alojamiento de estos agentes que se incorporarán a las Islas entre finales de junio y a lo largo del mes de julio a los cuatro consells insulares y a la Federación de Entidades Locales (Felib).

El secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada, ha alertado de la extrema gravedad de la situación habitacional en el archipiélago y de «una problemática que se recrudece en plena temporada estival».

Según han explicado, la petición responde directamente a la preocupante experiencia acumulada en los años anteriores y han recordado que las bases del movimiento de plazas conceden a los agentes un margen de solo diez días para incorporarse a sus nuevos destinos una vez que los conocen.

Quesada ha advertido que, basándose en lo ya vivido en el pasado en las Islas, existe un riesgo real de volver a ver «imágenes vergonzosas».

El grueso de los nuevos efectivos que aterrizarán en Baleares estará compuesto por alumnos en prácticas y por profesionales que reciben aquí su primer destino oficial.

En concreto, de las plazas que se van a cubrir en la comunidad, más de la mitad lo harán en julio y corresponden a jóvenes agentes pertenecientes a la 130 promoción (acceso a la nueva escala), quienes se verán obligados a incorporarse en su gran mayoría de forma forzosa.

De acuerdo con las previsiones de la asociación, Mallorca será la isla que reciba un mayor volumen de agentes, seguida de Ibiza, Menorca y Formentera.

Para Jucil, la crisis de la vivienda en Baleares no solo supone un «drama personal para los agentes desplazados, sino que «dinamita» la estabilidad de la seguridad pública en la región.

Los datos de la propia asociación evidencian lo que consideran una preocupante rotación de la plantilla. Así, entre los años 2021 y 2025 llegaron a Baleares un total de 1.092 agentes, pero abandonaron las islas 840.

Es decir, han alertado de que el territorio es incapaz de fidelizar a sus trabajadores debido al coste de la vida.

Quesada ha insistido en que, además de estas medidas de auxilio temporal solicitadas a las instituciones baleares, el Ministerio del Interior debe abordar el problema de raíz y han reclamado la actualización urgente del plus de insularidad, así como la declaración de Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES) para garantizar que los guardias civiles no pierdan dinero por el simple hecho de ser destinados a las Islas y vean compensadas las dificultades que ello acarrea.