PP y Vox aprueban la ley ómnibus: menos burocracia, exención del catalán y restricción a las ayudas sociales

El pleno del Parlament ha aprobado este martes el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertido en una ley ómnibus tras incorporar enmiendas que modifican más de medio centenar de normas. La iniciativa legislativa ha salido adelante en su práctica totalidad, en buena parte gracias a los votos de la mayoría conformada por el PP y Vox. Los de Santiago Abascal se han opuesto a unas pocas medidas, que sin embargo han sido aprobadas con los votos de la izquierda.

El texto nace del decreto de aceleración de proyectos estratégicos aprobado hace ahora medio año y durante su tramitación se han incorporado casi un centenar de enmiendas, lo que quintuplicado su extensión hasta las 218 páginas.

En un primer momento estaba centrado en la creación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico e incluía otras medidas complementarias como el traslado de residuos de Eivissa a Mallorca.

Ahora abarca desde exenciones al conocimiento del catalán para los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura hasta la creación de la Oficina Antiocupación, pasando por la exigencia de tres años de residencia para poder acceder a la Renta Social Garantizada, la reserva de plazas de policía local para militares o la recuperación de las competiciones de tiro al pichón.

En materia de vivienda destacan la ampliación del umbral del valor de los inmuebles hasta los 331.000 euros en Mallorca y Menorca para acceder a las bonificaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y la eliminación o reducción del impuesto de actos jurídicos documentados para los jóvenes.

Otras enmiendas han sido pactadas entre el PP y el PSIB, como aquellas relativas la recaudación de impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Baleares o la regulación del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Més per Mallorca y Més per Menorca tienen previsto presentar dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), uno de amparo –al entender que se han vulnerado sus derechos– y otro contra artículos que consideran inconstitucionales.

Líneas rojas

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha sido el encargado de defender una iniciativa legislativa que, ha asegurado, no traspasa ninguna de las «líneas rojas» marcadas por el Govern, algo con lo que ha diferido la izquierda.

Durante el inicio de su intervención se ha centrado en las medidas que ya estaban incluidas en el decreto, que a su parecer ayudarán a «cambiar la manera en la que la administración responde a las empresas y los ciudadanos» e impulsar la diversificación de la economía de Baleares.

Después ha pasado a las diferentes medidas incorporadas a lo largo de la tramitación, que ha considerado que «mejoran el texto» y permiten «dar cumplimiento» al acuerdo presupuestario firmado entre el PP y Vox hace ahora un año.

«El acuerdo presupuestario queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando ley a ley e iniciativa a iniciativa», ha subrayado.

El también vicepresidente primero ha puesto en valor medidas como las exenciones al catalán, las limitaciones para acceder a ayudas sociales, la vigilancia sobre las VTC, las deducciones fiscales o las medidas en materia de vivienda.

«Como un huevo a una castaña»

El debate ha proseguido con el debate de dos votos particulares –uno de Més y otro conjunto de la izquierda– que pretendían dar marcha atrás y devolver el texto a su redacción original, aunque ninguno de ellos ha salido adelante por la oposición del PP y Vox.

El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha dedicado su turno a cargar contra una tramitación que ha supuesto «una vulneración constante del reglamento y de los derechos de los diputados».

«¿Qué tiene que ver el proyecto de ley con el decreto que tramitó el Govern? ¡Si se parecen como un huevo a una castaña! (…) Se saltan el reglamento parlamentario pero no sabemos a gloria de qué», ha criticado.

Apesteguia se ha preguntado de qué forma están relacionadas medidas como la recuperación de las competiciones de tiro al pichón o que los policías locales lleven pistolas táser con la diversificación económica.

«¿Nos traerán empresas alemanas especializadas en tiro al pichón? ¿Convencerán a una empresa finlandesa para que se instale en Ariany y fabrique pistolas táser?», ha expuesto con ironía.

La diputada socialista Amanda Fernández, en la misma línea, ha puesto en duda la legalidad de una ley que, tras su tramitación, tiene casi el doble de disposiciones adicionales (72) que artículos originales (35).

También ha puesto un ejemplo para señalar la falta de relación entre las enmiendas y el espíritu original del texto, como la reducción de los plazos con los que cuentan los consejos escolares para presentar sus informes. «¿Cómo transformará la economía?», ha cuestionado.

Fernández ha puesto el foco en las exenciones del requisito del catalán para los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura, lo que ha interpretado como una «modificación encubierta» de la ley de normalización lingüística.

«Permitirán que docentes no competentes en catalán puedan optar a una plaza de funcionario de por vida. Y no basta que digan que se lo pedirán después o que permitirán que se muevan, porque la ley no dice nada de eso», ha recriminado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado al PP y Vox de haber «pervertido el procedimiento legislativo» y ha recriminado a Costa que haya sacado pecho del «diálogo». «Eso probablemente lo hacen en su despacho», le ha espetado.

En contra de los votos particulares ha intervenido el diputado ‘popular’ Jordi López, quien ha defendido que cada grupo ha presentado las enmiendas que ha considerado oportunas.

No se ha referido en ningún momento a la propia ley, pero sí ha cargado contra la izquierda por exigirles «lo que no han sido capaces de hacer» en el pasado. Su postura, ha criticado, es «cínica, hipócrita e incoherente».

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha mostrado satisfecha por haber introducido medidas en pos de la «libertad lingüística», la eliminación de «requisitos ideológicos» o de desburocratizar la administración. «Lo estamos gozando», ha reconocido.