El Gobierno desprecia la ayuda de Bruselas para Ceuta: dos semanas después sigue sin pedir los fondos de la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin solicitar formalmente a Bruselas la ayuda extraordinaria que la Comisión Europea puso a disposición de España para afrontar la crisis migratoria de Ceuta. Más de dos semanas después de conocerse que el Ejecutivo todavía no había activado ninguno de los mecanismos comunitarios ofrecidos, la petición sigue sin materializarse mientras la ciudad autónoma continúa soportando las consecuencias de la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes.

La inacción resulta especialmente llamativa porque no es Bruselas quien está poniendo obstáculos. Al contrario: fue la propia Comisión Europea la que trasladó a España su disposición a movilizar recursos adicionales y recordó al Gobierno los instrumentos económicos, operativos y de solidaridad que tiene a su alcance. Sin embargo, para desbloquear algunas de esas ayudas es necesario que España presente una solicitud formal.

La Comisión ya había recibido un primer informe de las autoridades españolas sobre la situación y aseguró que estaba analizándolo «muy rápidamente» para determinar cuál era la mejor forma de prestar apoyo. El portavoz comunitario Guillaume Mercier dejó claro entonces que el siguiente paso correspondía a España.

Desde Interior se admitía el pasado 7 de agosto que se habían planteado «algunas propuestas», aunque reconocía que todavía no había «nada en firme». Días después, la Comisión continuaba esperando la solicitud formal necesaria para desbloquear financiación adicional.

Todo ello ocurre mientras la crisis continúa teniendo consecuencias directas sobre Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha elevado este lunes el tono contra el Gobierno central y ha llegado a advertir de que acudirá a los tribunales si el Ejecutivo no ofrece una solución a la situación en un plazo de 30 días.

Moncloa no activa la ayuda de Bruselas

España cuenta además con una posición especialmente favorable para recurrir a los instrumentos europeos. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo considera a España un Estado miembro sometido a presión migratoria, lo que abre la puerta a diferentes mecanismos de solidaridad entre los socios comunitarios.

Entre las posibilidades existentes figura la reubicación de migrantes o solicitantes de asilo en otros Estados miembros. Los países que no participen mediante acogida pueden contribuir mediante compensaciones económicas u otras fórmulas de solidaridad, entre ellas ayuda financiera, material o personal.

A ello se suma la posibilidad de recibir financiación adicional para hacer frente específicamente a una situación extraordinaria como la registrada en Ceuta.

Bruselas ya destina importantes cantidades a España para la gestión de la inmigración. Según recordó la propia Comisión, el país tiene asignados más de 1.000 millones de euros de los Fondos de Asuntos de Interior correspondientes al periodo 2021-2027.

España también había recibido 114 millones mediante asistencia de emergencia y otras actuaciones europeas, de los que alrededor de 28 millones estaban destinados específicamente a reforzar la gestión migratoria en Ceuta.

La diferencia ahora es que la magnitud de la crisis llevó a Bruselas a plantearse una ayuda extraordinaria adicional. Pero su activación requiere la intervención del Gobierno español.

Ceuta reclama medios europeos

La posición de Moncloa contrasta además con las peticiones realizadas desde la propia ciudad autónoma. Vivas ha reclamado públicamente una mayor implicación de las instituciones comunitarias y ha solicitado recursos europeos para reforzar la frontera.

El presidente ceutí pidió expresamente más medios personales y materiales, inversiones en infraestructuras y recursos para afrontar la saturación de los centros de acogida. También reclamó la presencia de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE.

Bruselas ya había ofrecido anteriormente el apoyo de Frontex. La agencia europea dispone de un cuerpo permanente de más de 2.000 efectivos que puede colaborar con los Estados miembros en la vigilancia y gestión de las fronteras exteriores. El Gobierno español, sin embargo, no solicitó su despliegue en Ceuta.

A esto se suma la situación de los menores llegados durante la crisis. Diferentes organizaciones han advertido de que miles permanecen todavía en condiciones precarias en la ciudad, mientras las administraciones buscan instalaciones y fórmulas para su acogida y traslado.

La presión ha obligado además al ministerio del Interior a mantener medidas extraordinarias sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Guardia Civil llegó a suspender temporalmente la concesión de nuevos permisos, vacaciones y licencias a los agentes destinados en Ceuta y Melilla ante el riesgo de nuevas entradas masivas.

Mientras tanto, Sánchez ha convocado este lunes una nueva reunión por videoconferencia con varios ministros para analizar la crisis. En ella participan, entre otros, los responsables de Economía, Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial e Inclusión.

La paradoja es que, mientras el Ejecutivo continúa reuniéndose para estudiar nuevas medidas y Ceuta reclama más recursos, una parte de la ayuda ya está encima de la mesa: Bruselas ha mostrado su disposición a intervenir y dispone de mecanismos financieros, operativos y de solidaridad. Lo que falta es que el Gobierno español los solicite formalmente.