Defensa ordena a los militares de Ceuta que quiten su nombre del uniforme para «evitar nuevos episodios de amenazas»
Los legionarios y los efectivos de Regulares ya patrullan con gas pimienta y porras, pero siguen sin ser dotados de fusiles
Los militares temen "extorsiones de Marruecos" y que sus intervenciones "sean manipuladas"

El Ministerio de Defensa ha ordenado a los militares desplegados en Ceuta por la invasión que no luzcan su nombre en el uniforme para evitar que sufran más amenazas. Así consta en un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO. La orden fue dada el pasado miércoles, por escrito, a la Comandancia General de Ceuta, que manda sobre todas las Fuerzas Armadas de la ciudad autónoma.
Ésta es la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez, después de haber reaccionado a las agresiones a los militares dotándolos de spray pimienta, como también ha revelado recientemente OKDIARIO en exclusiva.
En concreto, Defensa dispone que «dentro de las medidas de protección de la fuerza a implementar, en cumplimiento de las misiones en el marco de la operación CM-26 y para proteger por razones de seguridad la identidad de los militares y evitar nuevos episodios de amenazas contra personal de las fuerzas propias y, asimismo, no exponerlos ante la constante grabación, no autorizada, de su imagen vistiendo el uniforme en el desempeño de sus cometidos, se autoriza» que «durante la realización de las misiones y cometidos de PVD asignados a las unidades en el marco de la operación CM-26, en el rectángulo de identificación reglamentario que porten sobre el chaleco anti-fragmentos deberá aparecer únicamente la divisa, sin que figuren en él los datos identificativos del militar».
«Esta medida vuelve a reflejar que no quieren apoyarnos realmente», declaran a este diario fuentes militares consuladas, criticando que se les ha dejado «vendidos en Ceuta», ya que no les permiten usar armas ni reprimir ni les envian refuerzos suficientes.
«Se lavan las manos quitándonos la identificación y dándonos gas pimienta”, lamentan desde el colectivo. No obstante, tambien hay fuentes sobre el terreno que se resignan y prefieren estas medidas a quedar como estaban y así, «por lo menos, evitar ataques personales».
Porras y gas pimienta
Pese a que en el resto de la Península todos los militares llevan su arma reglamentaria cuando están de maniobras, el Ejecutivo sólo ha entregado a los efectivos de Ceuta de forma generalizada porras. Un elemento «disuasorio y de defensa» al que se sumarán ahora los sprays de pimienta que ha comenzado a repartir entre las unidades.
Por ejemplo, este viernes la Legión ya ha patrullado con spray, con la instrucción de que su utilización «se ha de ajustar a los principios de uso de la fuerza en legítima defensa, necesidad y proporcionalidad». Y también la unidad de Regulares, mientras que a los efectivos de Caballería todavía no se les han suministrado.
Los militares no dan crédito a estas medidas «blandas y totalmente insuficientes», según declaran a OKDIARIO desde el colectivo. Se sienten «impotentes» ante la limitación que sufren para garantizar la seguridad en las calles de Ceuta y también para defenderse ante los numerosos ataques de los ilegales.

Lo que reclaman es poder llevar un fusil cada uno, la consideración de agentes de la autoridad y el reconocimiento urgente de la carrera militar como profesión de riesgo, con derechos y garantías acordes a la responsabilidad que asumen.
Durante dos meses, el Gobierno sólo les ha permitido usar un fusil para cada cuatro, cinco o seis efectivos para el patrullaje. Una situación que empezó a cambiar a finales de la semana pasada sólo para algunas patrullas y continúa sin extenderse a todas las unidades que prestan este servicio, así como al resto de militares que dan seguridad en la ciudad autónoma.
También se da el caso de que a algunas de las patrullas a las que sí se les ha dotado de fusiles para cada uno, se les ha dado la orden de que cuando bajen del vehículo lo dejen dentro, por lo que de poco les sirve.
Y a los efectivos apostados a las puertas de los supermercados sólo se les ha autorizado a llevar porras y spray pimienta.
Ya hay efectivos con fractura de peroné, la rodilla dislocada y multitud de traumatismos por las agresiones de los invasores que deambulan por la ciudad. Sufren emboscadas con apedreamientos, intentos de apuñalamiento, amenazas de muerte con cuchillos, patadas y puñetazos. De hecho, la semana pasada dos militares tuvieron que ser evacuados de Ceuta a Madrid por la gravedad de las lesiones.
Y ante los ataques en grupo de los invasores, se ven obligados a llamar al 112 para que los socorran. Los apedreamientos a los vehículos militares son el pan de cada día de estos efectivos, ya que los ilegales «saben que no responden y se ensañan», según denuncian desde el colectivo.
Frustración e impotencia
Los militares ya dijeron «basta» el pasado 16 de septiembre ante el aumento de agresiones con una concentración histórica en Ceuta, la primera realizada en la historia del Ejército en esta ciudad autónoma. La movilización, convocada por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), fue secundada por «más de 1.500 personas».
Junto a los militares protestaron sus familiares, así como ceutíes, y policías y guardias civiles, que denunciaron que las condiciones actuales de estos efectivos son «humillantes» y que las Fuerzas Armadas desempeñan un papel esencial en la defensa de la integridad territorial, pero en esta misión «no les dejan defenderse».
Sin embargo, el Gobierno sigue sin atender sus reivindicaciones, que vienen haciendo desde el principio de su despliegue.
«Los militares sienten frustración e impotencia en esta misión, están expuestos y maniatados», declara a OKDIARIO Marco Antonio Gómez, presidente de ATME, exigiendo que de forma urgente se dote a todos sus compañeros de fusiles y se implementen estas medidas de autodefensa.
Esta asociación subraya que «es fundamental que los efectivos dispongan de una seguridad jurídica adecuada antes de asumir tareas en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de evitar actuaciones que pudieran derivar en denuncias posteriores ante la autoridad judicial y garantizar que cada intervención se realice con pleno conocimiento de sus límites y responsabilidades».
Miedo a coacciones de Marruecos
Según señala ATME, los militares temen que encima sus actuaciones «sean manipuladas y sacadas de contexto torticeramente», para buscarles la ruina, simplemente por formar parte del dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad autónoma. No obstante, señala que si algún militar se excede en el cumplimiento de su misión encomendada, que responda ante la ley.
Asimismo, indica que los efectivos españoles nacidos en Marruecos temen «extorsiones» del país vecino, que los «coaccionan para que revelen información sobre las Fuerzas Armadas o sobre los movimientos de los militares en Ceuta», y tienen miedo por los familiares que viven en Marruecos.
Lo mismo ocurre con los militares residentes en la ciudad autónoma. Algunos de ellos «han tenido que enviar a sus familias a la Península porque no aguantan más» la inseguridad que hay en Ceuta. Los militares temen por la seguridad de sus familias y también a que les okupen sus inmuebles, como ya está pasando a sus vecinos.
Y al no tener la consideración de agentes de la autoridad, estos efectivos se tienen que limitar a retener a los invasores frente a actuaciones delictivas. No pueden detenerlos, ni tampoco identificarlos, ni despejar las calles de ilegales. El colectivo sostiene que seguirá luchando hasta que se adopten las medidas que exige.
Además, desde ATME avisan que «si la falta de reconocimiento ya provocaba un creciente descontento y una pérdida continuada de efectivos en las Fuerzas Armadas, lo mal que se están haciendo las cosas en este despliegue hace perder todavía más vocaciones, al no ver atractiva la profesión militar».
«Existe un grave riesgo para el futuro y la seguridad de nuestro país cuando los militares son una de las profesiones menos atractivas para los jóvenes, ya que no hay futuro. O se incentiva la profesión y se da a los efectivos una seguridad jurídica adecuada y un futuro digno, o el alistamiento caerá en picado», concluye Marco Antonio Gómez.