El Gobierno embarga la casa a una discapacitada que cobra el ingreso mínimo mientras pide salvar a Maricarmen

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, culpó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, de la «tragedia social» del desahucio de su casa de Madrid de Maricarmen, de 87 años de edad. Ayuso contestó que en Madrid hay un desahucio por cada cinco en Cataluña, donde gobierna el PSOE, y que fue un juez quien ordenó el desahucio. Pero, además, existe otra tragedia social que sí es culpa del Gobierno: las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez sí ha embargado la vivienda a una mujer discapacitada de Córdoba en riesgo de exclusión social a la que reclama la devolución de 23.000 euros del ingreso mínimo. Una perceptora que tiene reconocida una discapacidad física y mental de casi el 50% y la condición de vulnerabilidad por la Diputación de Córdoba.

Ahora, esta perceptora del ingreso mínimo vital queda a las puertas del desahucio por culpa directa del Gobierno, que culpó a Ayuso y Almeida del lanzamiento de Maricarmen pese a haber fracasado en varias ocasiones en aprobar una norma que evite desahucios similares.

El Gobierno obvia de esta manera esta otra «tragedia social» que viven miles de familias en España. Porque son numerosas las familias perceptoras del ingreso mínimo —la medida estrella del llamado escudo social del Gobierno— a las que la Seguridad Social de Elma Saiz está reclamando la devolución del mismo en muchos casos por errores de la propia Administración.

Las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo tienen a miles de familias en España en una grave situación porque se encuentran con una deuda que no pueden pagar, que va subiendo por los intereses de demora. Además, si no se devuelve el dinero en el tiempo y forma que exige la Seguridad Social, se abre la puerta a los embargos.

Ésa es la situación a la que ha llegado esta perceptora del ingreso mínimo de la provincia de Córdoba, que prefiere mantener el anonimato, a la que el Gobierno reclama 23.000 euros por «un error de ellos», explica. «Ellos me dieron el ingreso mínimo sin yo solicitarlo, no entiendo las cartas que me envían y no sé defenderme», explicó a este diario.

Este caso es uno más de los cientos de miles que hay en España. Se han agrupado en una asociación de afectados y han denunciado al Gobierno en Europa porque, al reclamar la devolución, dejan a las familias en una situación de vulnerabilidad incluso peor que antes de cobrar el ingreso mínimo, incumpliendo la Carta Social europea.

El Gobierno se ha negado a buscar fórmulas para que estas familias no queden aún más vulnerables. Sólo elevó la deuda que pasaba a ser reclamable y aumentó de uno a dos las comprobaciones de los ingresos reales de las familias con la Agencia Tributaria.

Ahora, en una reciente contestación a la demanda que está investigando Europa, el Gobierno ha reconocido que está preparando una norma para amnistiar a los afectados a partir de 2024, dejando a la intemperie a todos los anteriores a ese año.

En concreto, el Gobierno admitió al tribunal europeo que «está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondientes a los cruces realizados en los años 2024 y 2025». Las reclamaciones de 2020 a 2024 seguirían, por tanto, abiertas.