Acciona y las constructoras clave de la trama corrupta del PSOE que llevan 10 años pagando mordidas

La corrupción que ahora salpica al PSOE no se sostiene sola, y según la UCO, Acciona, LIC y OPR han estado muy vinculadas a los movimientos del ya ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Para que exista una red de mordidas, hacen falta políticos que exijan pagos, pero también empresas que acepten pagarlos. Y en el caso de la trama de corrupción del PSOE, eso es precisamente lo que ha puesto negro sobre blanco la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y ha ratificado ahora el juez de la Audiencia Nacional, al decretar la formación de una pieza separada centrada en las adjudicaciones públicas obtenidas por algunas de las principales constructoras del país, como Acciona, caso más llamativo sin duda.

Las pesquisas no se centran ya solo en el exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o los miembros de su entorno. Lo verdaderamente grave del nuevo auto judicial que ha terminado con la carrera de Santos Cerdán es que tres empresas (Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción -LIC-, y Obras Públicas y Regadíos -OPR-) aparecen señaladas de forma sistemática como participantes activas en un esquema de corrupción. Un sistema donde se intercambiaban contratos millonarios por pagos en metálico, colocaciones de familiares o favores personales.

Pagos, favores y adjudicaciones

El documento judicial desgrana con detalle adjudicaciones concretas obtenidas por estas compañías a través de procedimientos presuntamente irregulares. En el caso de Acciona, se detallan cinco contratos adjudicados entre 2019 y 2022 que habrían generado pagos ilícitos por más de un millón de euros, canalizados en parte hacia Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. En Murcia, por ejemplo, Acciona recibió obras por más de 150 millones de euros vinculadas al soterramiento ferroviario, y la UCO apunta, en muchos casos, a que por ello se dio a cambio pagos que el propio Koldo cifra en 550.000 euros.

Lo más revelador es que muchas de las pruebas no son deducciones indirectas, sino grabaciones registradas por el propio Koldo, donde se hace referencia explícita a esas cantidades, a los plazos de cobro y a la necesidad de seguir ocultando toda comunicación comprometedora.

La empresa Levantina Ingeniería y Construcción, por su parte, aparece como una de las adjudicatarias que habría mantenido una relación directa con Koldo García, incluso pagándole un sueldo tras dejar el Ministerio. En el auto se habla de «tres expedientes en los que LIC pudiera haber resultado beneficiada de forma presuntamente irregular», con obras en Asturias, Teruel y en la A-12 del Camino de Santiago. Además, se menciona que uno de sus principales responsables, José Ruz, mantuvo reuniones periódicas con Koldo, Ábalos y otros investigados.

En el caso de Obras Públicas y Regadíos (OPR), las irregularidades se centran en contratos en Asturias, Úbeda y una obra de emergencia en Monforte, en colaboración con otras empresas. El nexo en este caso era Antonio Fernández Menéndez, apoderado de OPR y hermano de uno de los investigados clave, quien gestionaba accesos a sedes y se encargaba de contratar a personas del entorno de Koldo, incluyendo a su esposa Patricia, a quien supuestamente se buscaba dar de alta “sin que tuviera que ir a trabajar”.

Empresas que compran contratos

Más allá de lo escandaloso de las cifras o de los personajes implicados, lo que convierte este caso en un aviso general al sistema de contratación pública es la persistencia y profesionalización del modelo. El informe de la UCO y la pieza judicial dejan claro que muchas de estas constructoras llevaban casi una década funcionando con el soborno como herramienta habitual de acceso a obra pública, perfeccionando métodos y ocultando rastros.

El documento menciona que Acciona, por ejemplo, formaba UTEs con otras firmas como Ferrovial, Ortiz o Torrescámara, lo que le permitió acceder a contratos que superan los 400 millones de euros en total. En todas ellas, según las grabaciones de Koldo, se pactaban comisiones previamente, y existía un “sistema de deuda” en el que los pagos se iban liquidando conforme se completaban las fases de obra o se aprobaban modificados.

A diferencia de otros escándalos, aquí no hay coacciones ni chantajes. Las empresas no fueron víctimas, sino colaboradoras necesarias. Y a veces incluso proponían a quién contratar para saldar la deuda política.

Con la apertura de esta pieza separada, la Audiencia Nacional no sólo investigará a altos cargos del PSOE. También a las empresas que sostuvieron y facilitaron el sistema. Porque sin constructoras dispuestas a pagar mordidas, no habría habido caso Koldo. Ni obras amañadas. Ni familiares colocados.

COMUNICADO DE ACCIONA

Reproducimos en OKDIARIO, de forma íntegra, el comunicado de Acciona al respecto, en el que asegura que desconocía estas prácticas y que abre una investigación interna para esclarecer los hechos.

ACCIONA INFORMA

MADRID, 12 DE JUNIO DE 2025. En relación con las informaciones públicas en las que se alude a la filial de ACCIONA, Acciona Construcción, respecto de determinadas conductas irregulares en la contratación pública, que actualmente se instruyen en el Tribunal Supremo, ACCIONA expresa su total desconocimiento, sorpresa y preocupación ante los hechos referidos.

ACCIONA es una compañía multinacional de infraestructuras que desarrolla proyectos en más de 40 países, con una facturación de €19.190 millones en 2024 y con más de 65.000 empleados.

Sobre los hechos y conductas expresamente atribuidas a personas en algún momento vinculadas a ACCIONA, se informa que el ex-empleado Fernando Agustín Merino Vera, al que expresamente se señala en las diligencias judiciales referidas, fue despedido de la compañía el 12 de abril de 2021. En todo caso y ante la posible elusión de los controles internos que se haya podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan.

Por otro lado, se indica que la creación de uniones temporales de empresas (UTEs), mediante la integración de compañías con presencia local, es una fórmula habitual de trabajo de las grandes empresas para la ejecución de proyectos dentro del sector de las infraestructuras en todos los países.
En este sentido, en todas las UTEs en las que participa ACCIONA, se establecen siempre compromisos formales con carácter contractual de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo y debida diligencia por parte de todos sus integrantes, cuyo cumplimiento se verifica y audita de manera constante, tanto con métodos internos como externos (como por ejemplo el servicio de Risk & Compliance de Dow Jones) y a los que se sujetan la propia Compañía y los miembros de todas las UTEs en las que participa.

Si, en el transcurso de las investigaciones de las autoridades o de aquellas que ACCIONA está realizando internamente, se confirmaran las informaciones publicadas que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte ACCIONA, la compañía tomará las medidas legales oportunas.

La Compañía mantiene su compromiso de operar con los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo que siempre han guiado sus actividades y sus relaciones con las administraciones públicas y sus clientes privados, y rechaza cualquier tipo de práctica irregular en materia de contratación.

ACCIONA permanece a disposición de las autoridades para colaborar plenamente en el esclarecimiento de los hechos.