El Gobierno de Cantabria compró un casoplón por 625.000 euros para alojar a los menas que hoy aterrorizan Castro Urdiales

Cuando la alcaldesa socialista de Castro Urdiales, Susana Herrán, compareció ante los medios el pasado 24 de febrero para anunciar la apertura de un nuevo centro de menores inmigrantes no acompañados, tuvo un cuidado especial en no revelar un dato: dónde iba a instalarse. Dijo que «por el momento no se han facilitado más detalles sobre la ubicación del edificio». Hoy sabemos por qué.

OKDIARIO ha podido comprobar que el inmueble elegido por el Gobierno de Cantabria es un casoplón en la Junta Vecinal de Mioño para albergar, en principio, a 19 inmigrantes y cuyo precio de adquisición habría ascendido a 625.000 euros, aproximadamente 200.000 euros por encima de su valor de mercado, que los propietarios que lo pusieron a la venta situaban en torno a los 450.000 euros.

La operación, según fuentes directas consultadas por este medio, habría dejado una diferencia inexplicable de casi 200.000 euros entre el precio de tasación y el precio final de compra. «Alguien se ha llevado casi una mordida de 200.000, presuntamente», señaló uno de los vecinos que conoce de cerca la transacción.

El inmueble es una amplia vivienda unifamiliar de dos plantas más buhardilla, construida en ladrillo visto rojizo, con tejado de teja cerámica a varias aguas y chimenea. La propiedad está vallada con una verja metálica y cuenta con jardín y espacio para vehículos. Al fondo, la ladera de una montaña completa un entorno casi idílico.

OKDIARIO ha grabado imágenes de la noche del pasado sábado en la que cinco menas se escaparon del centro, lo que obligó a desplegar un operativo policial para su búsqueda y regreso a las instalaciones. Además, durante ese episodio se produjeron daños en parte del mobiliario de la vivienda.

“Mioño ha dejado de ser un lugar seguro y en el que muchos adolescentes utilizan a diario la senda peatonal que atraviesa el antiguo túnel ferroviario para acudir al campo de fútbol, situado a unos 100 metros de la vivienda donde se ubica el centro”, ha denunciado el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Agustín Fernández.

«No se han facilitado más detalles sobre la ubicación»

El 24 de febrero, Herrán convocó una rueda de prensa para comunicar que la noche anterior, en una reunión en la Delegación del Gobierno con la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y la directora del ICASS, Carmen Arce, le habían informado de la inminente apertura del centro. En esa comparecencia, la alcaldesa no solo omitió la dirección del inmueble, sino que se prodigó en elogios hacia la iniciativa: mostró la «total disposición» del Ayuntamiento para colaborar, aseguró estar «totalmente de acuerdo en el cumplimiento de la ley de protección de menores» y apeló al «carácter solidario y acogedor de Castro Urdiales», confiando en que la ciudadanía se «volcara en la bienvenida a los niños».

Lo que no dijo es que el edificio que iba a acogerlos había sido adquirido por el erario público a un precio que, según los propietarios que lo vendieron, superaba en casi un 45% su valor real de mercado.