Giro único en la fiscalidad española: el ultimátum de Bruselas para que los autónomos dejen de ser «recaudadores» de IVA

La Comisión Europea ha decidido dar un paso más en su enfrentamiento con España por el IVA. Y esta vez ya no es un simple aviso, dado que Bruselas ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones económicas al Gobierno por no haber adaptado una directiva clave que afecta directamente a millones de pequeños autónomos y su declaración del IVA que aplica en las facturas que emiten

El origen del conflicto está en la directiva 2020/285, una reforma europea del sistema del IVA que permite a los Estados miembros eximir del impuesto a pequeñas empresas con una facturación anual reducida. El límite máximo fijado por la UE es de 85.000 euros, aunque cada país puede establecer su propio umbral por debajo de esa cifra. El plazo para adaptar esta norma venció el 1 de enero de 2025. Alemania, Francia o Italia ya lo aplican pero no es el caso de España y de ahí que se genere el conflicto.

El ultimátum de Bruselas para que los autónomos dejen de ser «recaudadores» de IVA

El Gobierno ha defendido que la aplicación de esta exención es opcional. Y es cierto que cada Estado puede decidir si introduce o no el régimen simplificado dentro de su sistema fiscal. Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que, incluso si no se quiere aplicar plenamente la exención, sí existe la obligación de transponer determinados aspectos técnicos de la directiva.

La clave está en el funcionamiento transfronterizo. Para que un autónomo español pueda acogerse a la exención en otro país de la Unión Europea, primero debe estar correctamente registrado conforme a la normativa comunitaria. Sin esa adaptación legal, el sistema no encaja por lo que Bruselas ya abrió expediente el año pasado, pero ahora ha elevado el asunto al TJUE, lo que significa que la situación ha dejado de ser una advertencia administrativa para convertirse en un posible procedimiento sancionador.

Lo que cambiaría si se aplicara la exención

Si España decidiera aplicar el régimen completo, los autónomos con ingresos reducidos podrían quedar liberados de repercutir y declarar IVA hasta el umbral que se fijara con un máximo permitido por la directiva que es de 85.000 euros anuales. Si esto se hiciera implicaría el dejar de actuar como  intermediarios fiscales del Estado en determinadas circunstancias. Actualmente, el pequeño empresario cobra el IVA a sus clientes, lo declara trimestralmente y lo ingresa en Hacienda. Es decir, recauda para la Administración.

Con la exención, esa obligación desaparecería para quienes cumplieran los requisitos. Algo que implica hacer menos declaraciones, menos carga contable y menos tensión de tesorería cuando el autónomo tiene que adelantar el impuesto antes de haber cobrado una factura. Según estimaciones del despacho Navas & Cusí, entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos podrían verse beneficiados si España aplicara la directiva.

El miedo a perder recaudación

La resistencia del Gobierno tiene una explicación evidente que tiene que ver con el impacto en las cuentas públicas. Las estimaciones sitúan la posible pérdida inicial entre 3.000 y 5.000 millones de euros en ingresos por IVA.

Es una cifra relevante, sobre todo en un contexto de elevado gasto público. Sin embargo, algunos expertos cuestionan que la caída real fuera tan acusada. Argumentan que simplificar el sistema puede aflorar actividad económica que hoy opera parcialmente en la informalidad. En países que ya han aplicado la directiva no se han registrado desplomes drásticos en la recaudación. El efecto final depende mucho del umbral elegido y de cómo se diseñe el sistema.

España, una excepción en la UE

Mientras Alemania aplica la exención a quienes facturan menos de 22.000 euros, Francia la utiliza en el sector servicios hasta los 33.800 euros e Italia ha optado por el máximo permitido, España sigue sin mover ficha a pesar de que como mencionamos, se permite cierto margen. Es decir, nuestro país podría decidir si el régimen es obligatorio o voluntario, si se aplica a todos los sectores o solo a algunos, y qué límite de facturación establece. Por este motivo, lo Bruselas reprocha no es que España haya elegido un umbral concreto, sino que ni siquiera haya adaptado la norma a su legislación interna dentro del plazo establecido.

Qué puede pasar ahora

El debate no es solo jurídico. Tiene también un componente político y económico evidente. Para algunos expertos, mantener la situación actual supone seguir cargando sobre el pequeño autónomo una función recaudatoria que complica su actividad diaria. Otros defienden que renunciar a ingresos en un momento de presión presupuestaria no es una decisión sencilla.

El conflicto, además, pone sobre la mesa la relación entre España y las instituciones europeas. La transposición de directivas no es una recomendación, sino una obligación dentro del marco comunitario, pero el procedimiento ante el Tribunal de Justicia puede tardar meses en resolverse. Durante ese tiempo, el Gobierno podría optar por adaptar la normativa y cerrar el conflicto o mantener su postura y esperar la decisión judicial. Pero si el tribunal da la razón a la Comisión, España se enfrentaría a sanciones económicas, aunque para muchos expertos da la sensación de que nuestro país prefiere afrontar esa multa antes que cumplir la normativa y perder la recaudación que hacen los autónomos a través del IVA.