Bruselas advierte a España por la proliferación de impuestos en Cataluña y la obligación de etiquetar en lenguas autonómicas

Bruselas advierte a España sobre la proliferación de impuestos propios autonómicos, como el de las bebidas azucaradas de Cataluña, y sobre la imposición de etiquetar los productos en español y en las lenguas autonómicas correspondientes. En opinión de la Comisión Europea, estas cuestiones frenan el desarrollo del mercado único a nivel nacional y europeo, y tienen su impacto negativo en la implantación y el desarrollo de las empresas nacionales y europeas en España.

«España sigue enfrentándose a obstáculos relacionados con la fragmentación regulatoria y las cargas administrativas, especialmente entre las comunidades autónomas. Las diferencias en la normativa, los permisos y los procedimientos administrativos entre las comunidades autónomas pueden aumentar los costes de cumplimiento y crear obstáculos para las empresas que operan en distintas regiones o que acceden al mercado español desde otros Estados miembros», dice la Comisión en su informe semestral sobre España.

«Un ejemplo de ello es el impuesto regional catalán (Ley 5/2017) sobre las bebidas azucaradas, que introduce un gravamen especial sobre algunas bebidas vendidas en Cataluña. Otros ejemplos se refieren a la obligación de etiquetar los productos en la lengua regional correspondiente, además del español, o a las diferentes exigencias de información de la Directiva sobre trabajadores desplazados», añade Bruselas sobre los impuestos y el etiquetado.

Además, España es el peor país de Europa a la hora de trasponer a la legislación española las normas europeas del Mercado Único. «Ocupa el último lugar entre los 27 países de la UE en la transposición de directivas a la legislación nacional, con un 2,6% de todas las directivas que no se transponen a tiempo, en comparación con el objetivo del 1% fijado por el Consejo de la UE y la media de la UE del 1,1%. También supera la media de la UE en el porcentaje de directivas transpuestas incorrectamente (1,4% en España frente al 1,1% en la UE)», señala.

Bruselas advierte sobre los problemas que genera a las empresas. «Estos problemas pueden generar mayores barreras regulatorias, lo que dificulta la productividad. Por ejemplo, las normas nacionales sobre envases y gestión de residuos, así como el etiquetado obligatorio de separación de envases, obligan a las empresas a adaptar el etiquetado de sus productos específicamente al mercado español, lo que genera costes adicionales de cumplimiento para las empresas que operan a nivel internacional», explica.

La Comisión es muy clara: «España cuenta con una economía abierta y diversificada, pero su participación comercial en el mercado único de la UE es baja, lo que deja sin explotar los beneficios potenciales de una mayor integración. Las pymes españolas informan de varias barreras para expandirse en otros mercados de la UE, incluidas las relacionadas con la fiscalidad y el IVA, los permisos y las autorizaciones, así como las limitaciones territoriales de la oferta».

Contratos públicos

Otra de las advertencias que hace Bruselas a España tiene que ver con los contratos públicos, adjudicados en licitaciones que deberían mejorar. «En España, el 34% del total de las licitaciones públicas se basaron en ofertas únicas (mediana de la UE: 27%), y el 10% en adjudicaciones directas (mediana de la UE: 7%) en 2025», expone.

Bruselas explica que con el Plan de Recuperación y Resiliencia se han puesto en marcha medidas para aportar más datos entre plataformas nacionales, autonómicas y locales, lo que debería mejorar el proceso. «Pero aún hay margen para seguir trabajando para completar y estandarizar la información publicada en las plataformas regionales, de modo que los indicadores clave (como la competencia, el tiempo de adjudicación y las modificaciones contractuales) puedan monitorizarse de forma más fiable», señala.