Vecinos de Iglesias montan un picnic junto al casoplón en Galapagar como protesta por sus denuncias

Los vecinos de Galapagar han organizado este fin de semana una cena campestre en un solar cercano a la casa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como acción de protesta contra las denuncias y amenazas que el líder de Podemos les lleva dirigiendo desde hace semanas. Un grupo de simpatizantes de Iglesias intentaron boicotear la cita.

Una docena de vecinos de Galapagar decidieron montar el pasado viernes a última hora de la tarde una cena entre amigos. El lugar elegido se encontraba a alrededor de cien metros de distancia de la vivienda donde residen Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Con una mesa portátil, sillas, manteles y todo tipo de viandas y bebidas -todas ellas sin alcohol-, los vecinos festejaron tranquilamente junto a varias banderas de España.

«Nos gusta que sepa que estamos aquí todavía. Y que vamos a seguir mucho tiempo», comentaba uno de los organizadores. Han aprovechado las imágenes del picnic, grabadas por ellos mismos, para enviarle  un mensaje «cuando nos vea en redes: ¡Viva España y viva el Rey».

Intento de boicot e insultos

Durante la cena improvisada de esta docena de vecinos no se produjo ningún altercado. Pero sí se registraron momentos tensos en el instante en que el grupo llegaba hasta este solar, situado en un pequeño aparcamiento que hay junto al chalet de Iglesias. Un grupo de simpatizantes de Podemos les esperaba para grabarles e increparles.

Uno de los vecinos se enfrentó dialécticamente a este grupúsculo, que reaccionó con ira, burlas e insultos. Uno de ellos incluso corrió hacia la caseta de la Guardia Civil para requerir la presencia de los agentes allí desplegados ante lo que, según denunciaban, era un nuevo episodio de ‘acoso’ contra el vicepresidente Iglesias. Un agente se personó en el lugar para calmar los ánimos y la cosa no fue a mayores.

Querella contra Iglesias

Estos mismos vecinos de Galapagar, que se vienen manifestado desde hace semanas ante el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en protesta por su gestión -algunos de ellos han sido sancionados- anunciaron este pasado miércoles la presentación de una querella contra el vicepresidente del Gobierno por un delito contra el ejercicio de derechos cívicos cometido por autoridad, por coacciones y denuncia falsa con el agravante de prevalerse de su cargo público, como avanzó OKDIARIO.

«Estamos hartos de que nos propongan para sanciones simplemente por el hecho de pasearnos con la bandera de España», explicó una portavoz vecinal. «Lo único que hemos hecho es pasear con la bandera para hacernos ver y mostrarle nuestro desacuerdo con la gestión del Gobierno», añadió.

José Manuel Menéndez, abogado de la Plataforma Vecinos Sancionados por Pablo Iglesias, consideró que «se ha cometido un atropello y una injusticia contra madres de familia que se han visto en los tribunales por portar banderas de España, por defender la unidad de España y protestar contra un Gobierno que ha sido nefasto e incapaz de gestionar la crisis del coronavirus». Estos vecinos han contado con la ayuda de varios abogados entre los que se encuentra la letrada Polonia Castellanos que de manera desinteresada y altruista les ha ayudado en la elaboración de la querella.

Veinte personas

Como ya adelantó este periódico, alrededor de una veintena de personas se ha sumado a la querella contra el líder de Podemos. Estos vecinos han sido denunciados en los últimos meses y han recibido numerosas sanciones administrativas por protestar frente al ‘casoplón’ que Pablo Iglesias e Irene Montero tienen en la urbanización de ‘La Navata’ en Galapagar.

Los delitos, en concreto, son tres. El primero de ellos hace referencia al cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales recogido en el artículo 542 del Código Penal según el cual: «Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

Además, incluyen un delito de coacción, que aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal, y se define como un delito contra la libertad, consistente en el uso de la violencia para impedir a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe, o bien le obliga a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o no. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción y los medios empleados.

Finalmente, apuntaron a un delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal, que señala que «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados». En este caso, con el agravante de que Iglesias es un cargo público.