El Supremo confirma la condena de Chaves y la prisión para Griñán por la malversación de 680 millones

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de los dos históricos dirigentes del socialismo español, los ex presidentes del PSOE y ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Griñán fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y Chaves, a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los dirigentes socialistas contra el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzgó el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia.

Según la sentencia, los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».

Ahora, la sentencia del Tribunal Supremo, de unos 1.800 folios, se dará a conocer en septiembre. En la misma, se confirman en líneas generales el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla. Durante las últimas semanas que han transcurrido las deliberaciones se trató de alcanzar la unanimidad entre los cinco magistrados que componen el tribunal pero finalmente ésta no ha sido posible. Tienen previsto emitir votos particulares las magistradas progresista Susana Polo y Ana Ferrer. Será ponente de la sentencia el magistrado Eduardo de Porres.

Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó que el sistema ideado por el PSOE de Andalucía para desviar durante casi una década 679 millones de euros de fondos públicos reservados a ayudas sociolaborales fue prevaricador. En esos duros términos se pronunció el representante del Ministerio Público durante la vista de los recursos interpuestos contra la sentencia por el caso ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla que, en noviembre de 2019, condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

A la luz de los hechos probados todo este sistema era prevaricador, porque eran continuas las resoluciones prevaricadoras», aseveró el fiscal que, en su intervención, explicó que los socialistas andaluces modificaron el procedimiento de concesión de las ayudas «para evitar cualquier tipo de control».

A este respecto, la Fiscalía del Tribunal Supremo advirtió que «todo el proceder aparece concatenado», de modo que la participación de los acusados en el saqueo de las arcas públicas fue necesaria «para que el dinero llegara a su destinatario». Sólo de este modo, explicó, «es posible dar vida a este sistema desde su inicio hasta el final».

Sistema prevaricador

Así, el fiscal enumeró todos los trámites irregulares que los ex altos cargos de la Junta de Andalucía pusieron en marcha en el caso ERE. Desde la aprobación del anteproyecto y proyecto de presupuestos, la aprobación de modificaciones presupuestarias, el convenio marco de 2001 y los convenios particulares hasta otras resoluciones como las autorizaciones y las órdenes de pago. «Se parte de una ilicitud que se mantiene hasta el final», aseveró el fiscal, que ha concluido que todo el sistema era prevaricador. 

Un delito por el que fueron condenados los ex altos dirigentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y Antonio Griñán y que, a juicio de la Fiscalía, «constituye la respuesta penal ante los abusos de poder que representa la propia negación del Estado de Derecho». De hecho, y citando jurisprudencia, el representante del Ministerio Público aseguró que «lesiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos mismos deberían ser los primeros custodios».