La juez ampliará otro mes la investigación secreta por el rescate de Sánchez a Plus Ultra

La jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, tiene previsto prorrogar otro mes el secreto de sumario de la pieza separada que investiga el presunto blanqueo de capitales vinculado al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

El plazo actual, que vence a finales de febrero, se prolongará para dar cobertura a diligencias pendientes de gran calado. Podrían estar solicitadas comisiones rogatorias internacionales a Suiza, Francia o, entre otros, Venezuela, y el análisis de los dispositivos y documentación incautados en los registros practicados en diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, el caso de la llamada fontanera Leire Díez de presuntos amaños de contratos en la SEPI, instruido en la Audiencia Nacional, apunta también a una nueva prórroga, según las mismas fuentes. El PSOE afronta así un cerco judicial que se estrecha en el peor momento político posible: a apenas tres semanas de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo.

El secreto de sumario que pesa sobre el caso Plus Ultra no es un mero trámite procesal. Las mismas fuentes señalan que la prórroga responde a razones técnicas y de garantía.

El material incautado en los registros simultáneos del pasado diciembre —domicilios de los detenidos, oficinas de Plus Ultra y residencias de investigados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca— todavía está siendo sometido a análisis forense por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Levantar el secreto antes de concluir ese trabajo podría permitir a los investigados conocer el contenido de los informes y destruir eventuales pruebas complementarias.

A ello se suma la existencia de otras indagaciones pendientes. La investigación tiene ramificaciones en al menos tres países: Suiza, donde la Cámara Penal de Recursos de Ginebra acaba de rechazar el recurso de la propietaria de Kaimana Sàrl, empresa vinculada a la trama defraudatoria del rescate de Plus Ultra, y mantiene embargadas sus cuentas por blanqueo vinculado a fondos venezolanos; Francia, cuyo Ministerio Público para Delitos Económicos ha transmitido información sobre una posible actividad de blanqueo «a mayor escala»; y Venezuela, origen de los fondos presuntamente ilícitos procedentes de los programas CLAP y de ventas irregulares de oro del Banco Central.

La juez Collazos dirige una pieza separada bajo secreto en la que investiga a al menos diez personas por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

En el epicentro figuran los hermanos peruanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu, empresarios peruanos residentes en La Romana (República Dominicana), junto al empresario alicantino Julio Martínez Martínez —conocido como Julito—, amigo personal y presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

También están imputados el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el CEO Roberto Roselli, que fueron detenidos en diciembre y quedaron en libertad con medidas cautelares —retirada de pasaporte, prohibición de salida de España y comparecencia judicial quincenal— acordadas por el juzgado.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la organización criminal habría utilizado el rescate público para blanquear fondos procedentes de «actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía», concretamente de «fondos públicos de programas CLAP» y «ventas de oro del Banco de Venezuela».

Los préstamos habrían sido el instrumento: «Baca realizó varios préstamos desde Suiza para Plus Ultra y, en el momento que llegó el dinero del rescate del Gobierno de España, uno de los primeros pagos fue precisamente a Baca y a la sociedad suiza», explicaron fuentes de la investigación a este periódico.

La conexión con Zapatero ha sido confirmada por el propio ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien afirmó en conversación con OKDIARIO: «Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra».

El ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y el director de Participadas II de la SEPI José Ángel Partearroyo también habrían recibido presiones en el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

La vinculación del ex presidente con la aerolínea tiene, además, una vertiente económica documentada. La empresa Análisis Relevante SL, sociedad del propio Julito, facturó 183.775 euros en 2020 y 140.000 euros en 2021, incluyendo pagos de Plus Ultra.

A su vez, Zapatero cobró cerca de medio millón de euros de esa misma consultora como «asesor global», y la empresa fue cliente de WhatTheFav SL, la agencia de marketing de las hijas del ex presidente, Laura y Alba Zapatero Espinosa. No es un entramado baladí: la propia memoria de cuentas de Plus Ultra reconoce haber superado cuatro requerimientos de la SEPI justo tras contratar a Análisis Relevante, en agosto de 2020.

El Gobierno, por su parte, ha mantenido una línea de defensa constante. Pedro Sánchez defendió en Bruselas la «total pulcritud» de los rescates a aerolíneas, recordando que fueron «préstamos» avalados por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión Europea. La portavoz Pilar Alegría fue aún más combativa: «Creo que es importante que los bulos no terminen devorando la verdad».

El cerco se estrecha

Pero el caso Plus Ultra no es el único frente judicial que aterra al PSOE. La causa que investiga a Leire Díez, la fontanera del partido para trabajos delicados, y que se tramita en la Audiencia Nacional bajo secreto de sumario prorrogado en enero de 2026, apunta también a una nueva extensión del hermetismo procesal.

La UCO de la Guardia Civil sigue analizando la documentación incautada y, según fuentes consultadas por este periódico, el levantamiento del secreto podría demorarse.

Del mismo modo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ampliado medio año más el plazo de la instrucción del caso Koldo a la espera de nuevos informes de la UCO de la Guardia Civil sobre los descuadres del dinero en efectivo de Ferraz sin descartar nuevas imputaciones. En un auto «a la vista del estado que mantienen las presentes actuaciones» aún pendiente de los informes de la UCO sobre el análisis del «numeroso» material incautado, «documentación, efectos y metálico, evidencias digitales -teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento-«.

En este contexto, los magistrados que llevan estas causas son conscientes de la proximidad de las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo. La judicatura española ha sido históricamente reacia a adoptar decisiones de gran impacto político en vísperas de comicios, lo que añade un elemento adicional a favor de la prórroga.

Las defensas de los imputados en el caso Plus Ultra confían, sin embargo, en que toda la instrucción sea declarada nula. Argumentan que el caso ya había sido archivado y que los nuevos hechos debieron repartirse a un juzgado diferente.

La trama se antoja, no obstante, de una solidez creciente. Las investigaciones en varios países, los registros simultáneos, los cientos de miles de euros en efectivo hallados en domicilios —entre ellos 100.000 euros escondidos en la casa de La Moraleja del presidente de Plus Ultra— y el mantenimiento de los embargos en Suiza dibujan un panorama en el que la pieza separada del Juzgado 15 no parece cerca de cerrarse. El reloj corre, pero no a favor de los investigados.