Interior blanquea las agresiones en prisión el mismo día que un preso intenta apuñalar a un funcionario

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias han recibido estupefactos la valoración de las cifras de agresiones dentro de prisión defendidas por su máximo responsable. Para arrojar luz sobre el criterio con el que el Ministerio del Interior valora estos incidentes basta decir que el intento de secuestro en una cárcel revelado hace poco por OKDIARIO recibió la calificación de ‘leve’ por parte del centro penitenciario en cuestión.

La comisión de Interior en el Congreso de los Diputados acaba de tener como compareciente al secretario general de Instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien en apenas unos segundos despachó una de las cuestiones que más preocupa al colectivo de funcionarios de prisiones de este país: las agresiones sufridas por estos trabajadores en el desarrollo de su labor con los internos.

Ortiz afrontó el asunto con un “aquí traigo las cifras”, y de una carpeta amarilla sacó el dato de que durante 2020 se habían producido 175 agresiones en centros penitenciarios españoles, ojo, menos que en 2019 y 2018, años en los que se cometieron 223, idéntico número, en cada uno de ellos. Sin embargo, ese no fue el dato que más llama la atención de la comparecencia de Ortiz.

Lo que resultó asombroso fue escucharle que, de esas 175 agresiones, solamente cuatro habían sido graves. No se trata de poner en duda las cifras del señor Ortiz sino de tratar de averiguar cómo las obtiene y en qué criterios se basa para blanquear una situación carcelaria en la que, lamentablemente, la violencia y las agresiones son el pan nuestro de cada día.

Y si no que se lo digan al trabajador penitenciario de la cárcel del Puerto de Santa María, en Cádiz, emboscado y agredido por un preso que tenía la intención de acabar con su vida. Y eso había sucedido pocas horas antes de que Ortiz defendiera los datos de su carpeta amarilla.

Emboscado y apuñalado

Las 2:30 de la madrugada en el módulo 1 de la cárcel Puerto 1, en Cádiz. Quedan horas para que Ortiz hable en el Congreso cuando la alarma de incendios salta en la celda de un preso muy problemático, con antecedentes violentos. Los funcionarios acuden a la celda para apagar el fuego y socorrer al interno si fuera necesario. Sin embargo, el preso, de 120 kilos, tiene otros planes y está esperando a los trabajadores con un palo afilado y un cristal roto en cada mano.

Los funcionarios entran en la celda y el interno los ataca, concretamente a uno de ellos, y trata de apuñalarlo en el cuello. No lo consigue porque el funcionario ya ha tenido otros sustos similares y ha desarrollado cierta habilidad para zafarse el tiempo justo para que lleguen otros funcionarios y lo ayuden. Fin del incidente. ¿Calificación? Leve.

¿Por qué? Por el mismo motivo por el que un intento de secuestro revelado por OKDIARIO tampoco se consideró un hecho grave, sino leve. Varios presos planificaron retener a un funcionario al que acabaron sacando a un patio bajo amenaza de muerte. Le llegaron a pinchar hasta tres veces en el costado. Querían obtener permisos.

Entonces, ¿cuál es el baremo? El PEAFA, Protocolo Específico de Actuación Frente a Agresiones, que en 10 páginas desglosa medidas de prevención de agresiones, valoraciones y servicios a los que puede tener derecho un trabajador penitenciario.

Este protocolo hace algo muy interesante y es fijarse en el origen de la agresión más que en las consecuencias y ahí está el diabólico dato de la carpeta amarilla de Ortiz. Si las lesiones de un trabajador, por graves que sean, se producen en la reducción de un interno, vamos, en su detención después de provocar un altercado como un incendio o una pelea, nunca será considerado una agresión grave sino la consecuencia del ejercicio laboral del funcionario a la hora de reducir al preso violento.

Básicamente el interno debe manifestar una intención premeditada y planeada de hacer daño y además conseguirlo para que se califique como agresión grave. Si además la pericia del funcionario o la impericia del recluso hace que un ataque, por ejemplo, con un arma blanca, acabe en heridas superficiales, pues tampoco quedará registrado como incidente grave.

Un último ejemplo, también contado por este periódico hace unas semanas. Un recluso ataca a un funcionario durante la entra a su celda, ya es una intervención, y éste, el trabajador, asegura haber tenido la sensación de que el interno pretendía sacarle los ojos. No, no se los sacó, básicamente por la rápida intervención de otro funcionario. ¿No le ha sacado los ojos?, ¿no perderá la vista?, no. Así que, aunque lo haya intentado con ganas, el intento de mutilación del preso quedará como ‘leve’ en la carpeta amarilla del secretario general de Instituciones Penitenciarias.