El CGPJ desmiente al Gobierno: comunicó «puntualmente» los fallos de las pulseras desde enero

El Consejo General del Poder Judicial ha respondido al Gobierno de España sobre la polémica desvelada por OKDIARIO con el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, ha remitido este lunes una carta a la delegada Carmen Martínez Perza para clarificar el papel de los órganos judiciales en la gestión de estos dispositivos.

El CGPJ ha subrayado que su función se limita a trasladar las incidencias detectadas por los juzgados a los organismos competentes. «Las comunicaciones sobre incidencias que puedan recibirse en el Observatorio son trasladadas a los organismos competentes» para «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas», según recoge la misiva de Erice.

La respuesta llega después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendiera una y otra vez que las pulseras antimaltrato «no han fallado» y acusara a la expresidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, de «mentir claramente» sobre las advertencias enviadas durante meses.

El Observatorio ha detallado las comunicaciones realizadas a la Delegación del Gobierno. Trasladó dos informes del presidente de la Audiencia Provincial de Granada sobre «diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia» mediante oficios de 8 de enero y 21 de febrero de 2025. También comunicó otra incidencia de un órgano judicial gallego el 27 de febrero.

La cuestión fue tratada «de forma exhaustiva» en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero. En esa sesión «intervinieron todas las instituciones concernidas» y se adoptaron medidas para «agilizar aún más» la transmisión de incidencias.

El Observatorio también reveló que había puesto en marcha una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en violencia de género. Esta iniciativa se desarrolló durante febrero y marzo, y sus resultados se presentarán en la reunión del pleno prevista para octubre.

Los dispositivos electrónicos de seguimiento han experimentado problemas técnicos tras el cambio de empresa gestora. La anterior compañía fue sustituida por otra en un proceso que ha generado lo que el Gobierno denomina «errores técnicos» en la migración de datos.

El sistema protege actualmente a más de 4.500 mujeres, según datos del Ministerio de Igualdad. Se está produciendo un descenso en la instalación de pulseras en los últimos meses. La oposición ha denunciado fallos sistemáticos que han puesto en riesgo la seguridad de las víctimas.

La controversia se intensificó cuando Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio hasta julio, aseguró haber advertido «durante meses» sobre las disfunciones. Redondo ha negado categóricamente esta versión en Al Rojo Vivo y ha precisado que los problemas detectados «se producen a partir de marzo», después de su reunión de febrero.

La carta de Erice recalca que la instalación de estos dispositivos es «una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar». No obstante, subraya que las incidencias deben comunicarse «al servicio competente de su gestión», que no son «ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial».

Esta aclaración resulta cardinal para deslindar responsabilidades en un sistema que involucra múltiples instituciones. Los jueces ordenan la medida de protección, pero la gestión técnica corresponde a empresas privadas bajo supervisión gubernamental.

Las conclusiones sobre las disfunciones advertidas fueron aprobadas en las XXIII Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales el 25 de marzo. La Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo trasladar estas conclusiones al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de Igualdad ha anunciado una nueva licitación del contrato con «un pliego con muchas mejoras técnicas» derivadas de las disfunciones detectadas. Redondo ha calificado de «excelente» el trabajo realizado para «salvar vidas» y ha descartado cualquier posibilidad de dimisión.

La presidenta del Observatorio ha concluido su carta reiterando «el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género» y confiando en que la información aportada contribuya a «una mayor protección y seguridad de las víctimas».