Montero encargó pulseras defectuosas para las víctimas de los agresores que ella puso en libertad

El Ministerio de Igualdad que dirigió la hoy eurodiputada de Podemos Irene Montero promovió el uso de las pulseras defectuosas contratadas por su departamento para las víctimas de violadores y agresores sexuales beneficiados por su ley del Sólo sí es sí con rebajas de penas y excarcelaciones.

Los condenados que salían de prisión pasaban a «libertad vigilada» y debían estar localizables con estos deficientes dispositivos. Estas mujeres fueron expuestas, por tanto, por parte del Gobierno a una doble revictimización.

De hecho, incluir a las víctimas de violencia sexual fue uno de los principales cambios que introdujo el Ministerio de Igualdad de Montero en el sistema de control Cometa, donde la dirigente de Podemos y su equipo acometieron un controvertido cambio de proveedor de las pulseras, pasando a utilizar unos dispositivos más baratos que han dado fallos con frecuencia.

En los pliegos del contrato -con firma de la ex secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam- para la adquisición de unas pulseras más baratas, como las que se consiguen online en AliExpress, Igualdad hizo mención expresa a la ley del Sólo sí es sí con el propósito de que las víctimas que dependieran de la aplicación de dicha normativa también usaran los nuevos dispositivos.

Hasta entonces, este sistema de control sólo estaba disponible para las víctimas de «violencia de género», es decir, de maltrato dentro de la pareja o ex pareja. A raíz del escándalo de la ley del Sólo sí es sí, con rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, el Ministerio de Montero emplazó a sus víctimas a solicitar también unas pulseras que a partir de marzo de 2024 fueron suministradas por el nuevo proveedor, dando lugar a fallos de funcionamiento, ya bajo mandato de la socialista Ana Redondo.

Los delincuentes sexuales que salen de prisión tras cumplir su condena suelen estar, tal y como publicó El País en su día, bajo «libertad vigilada». Es decir, el condenado está sometido a un control judicial por medio de distintas medidas que pueden ir desde la obligación de estar siempre localizable mediante estas pulseras a la prohibición de residir en el lugar que la Justicia estime oportuno, conforme al artículo 106 del Código Penal.

Según consta en la letra pequeña del expediente, redactado en julio de 2023 y al que ha accedido OKDIARIO, el Ministerio de Igualdad aprovechó el cambio de proveedor para que no sólo las mujeres maltratadas usaran estas pulseras, sino también las víctimas de violencia sexual conforme a la ley del Sólo sí es sí.

«Con la finalidad de garantizar la continuidad de la prestación de este servicio público para procurar la seguridad y la protección de las víctimas de violencia de género, así como de las víctimas de violencia sexual por primera vez, mediante el control y el seguimiento telemático de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación impuestas a la persona inculpada o condenada en un procedimiento judicial (…), es necesario contratar un servicio integral del sistema de seguimiento», señaló el Gobierno en los pliegos.

Y añadió: «La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, establece en su artículo 45, la protección efectiva de las víctimas de violencias sexuales en riesgo, estableciendo en su párrafo segundo, la obligación de vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los investigados o condenados o el control de localización a través de dispositivos telemáticos de control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad de alejamiento, cuando su utilización sea acordada mediante resolución judicial».

De esta manera, puede decirse que el Ministerio de Irene Montero sometió a estas mujeres a una doble revictimización. Por un lado, con la polémica redacción de la ley del Sólo sí es sí, estas víctimas vieron cómo sus agresores sufrían rebajas de penas o excarcelaciones, y para más inri, si solicitaban una pulsera de control, se encontraban con un dispositivo menos eficaz que el anterior, poniendo en riesgo su seguridad.

El Gobierno calla los datos

Entretanto, después de que OKDIARIO destapara este escándalo el pasado miércoles, el Gobierno sigue sin ofrecer datos exactos de las mujeres que se habrían visto afectadas por sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores por la problemática de las pulseras antimaltrato. Mientras que en lo referente a la ley del Sólo sí es sí, hay constancia de que más de mil agresores sexuales se han visto beneficiados por rebajas de penas, y más de 120 han sido excarcelados.

En concreto, la Fiscalía señala en su última memoria de 2024 que la «anomalía» detectada en la migración de datos del proveedor anterior al contratado por Irene Montero -el nuevo servicio arrancó en marzo del año pasado- tuvo «consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».

El Ministerio Público admite en la memoria que estos fallos en el sistema Cometa a raíz del cambio de proveedor fueron «un denominador común apuntado por muchas fiscalías, entre ellas la de Madrid, Gerona, Granada o Tenerife». También son citadas en el informe las fiscalías de Castellón y Pontevedra que pusieron de manifiesto las «disfunciones» provocadas por estos fallos «en el estado de alerta de la perjudicada».