El Congreso lo va a hacer oficial: la nueva Ley de Alquileres que permitirá a todos los inquilinos reformar el piso sin permiso del propietario

El mercado inmobiliario español se prepara para un cambio de paradigma. El Congreso de los Diputados avanza en una ambiciosa reforma de la Ley de Alquileres que promete reescribir las jerarquías entre caseros y arrendatarios.

Con el objetivo de acabar con prácticas abusivas y mejorar la conservación de los inmuebles, la nueva legislación otorgará derechos inéditos a los inquilinos, incluyendo la potestad de realizar reformas de habitabilidad por su cuenta y riesgo (pasándole la factura al propietario) si este ignora sus reclamaciones.

Obras de habitabilidad: el inquilino toma el control

Una de las novedades más polémicas de la reforma que ultima el Congreso es el mecanismo de «reparación por omisión». Según el articulado, ante fallos que afecten a la habitabilidad de la vivienda, el inquilino podrá presentar un presupuesto al propietario. Si en un plazo de 15 días el casero no acepta o no inicia los trabajos, el arrendatario estará facultado para ejecutar la obra y descontar el coste directamente de la mensualidad del alquiler.

En el caso de reparaciones menores, el margen de respuesta para el dueño se reduce a tan solo cinco días. Si no hay contestación, el inquilino podrá asumir el arreglo y exigir el reintegro inmediato. Esta medida busca agilizar el mantenimiento del parque de viviendas y evitar que los inquilinos vivan en condiciones precarias por negligencia de los arrendadores.

Adiós al pago del IBI y a los gastos de gestión

La nueva ley que busca sacar adelante el Congreso también busca aliviar la carga financiera de quienes viven de alquiler mediante la prohibición de cláusulas que hasta ahora eran habituales en muchas provincias:

• Gastos prohibidos: en ningún caso se podrá repercutir al inquilino el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ni las tasas de basura si así se establece.
• Costes de inmobiliaria: los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán siempre a cargo del arrendador.
• Garantías limitadas: se prohíbe exigir más de una garantía adicional (un mes de fianza más un mes de depósito) y se veta la obligatoriedad de contratar seguros de impago a costa del inquilino.

El fin del «fraude» en los contratos temporales

Para frenar la picaresca en las zonas tensionadas, la reforma que se plantea en el Congreso endurece el control sobre los alquileres de corta duración. A partir de ahora, todo contrato temporal deberá tener una causa demostrable y justificada. Si la empresa o el propietario no pueden acreditar dicha temporalidad, el contrato se convertirá automáticamente en uno de vivienda habitual, otorgando al inquilino la protección y estabilidad de la larga duración (5 o 7 años).

Además, se establece un límite estricto: cualquier contrato que supere los 12 meses pasará a ser considerado estándar de forma automática, independientemente de lo que se haya firmado sobre el papel.

Incertidumbre en la oferta de vivienda

A pesar de los beneficios para el arrendatario, los analistas económicos advierten de que esta normativa podría ser contraproducente con respecto a los intentos de aumentar la oferta.

Expertos del sector señalan que el mercado está retrocediendo ante la inseguridad jurídica, lo que podría llevar a propietarios individuales e institucionales a retirar sus inmuebles del mercado, especialmente en las grandes capitales donde el stock ya es crítico.