Ribera vuelve a perder en EEUU y España suma tres condenas definitivas por impago a las renovables

La ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se despide del puesto con una última derrota judicial en EEUU por el caso de los impagos a las renovables. Así, la Justicia americana ha dado carpetazo a tres casos que España pedía revisar, es decir, ha rechazado revisar tres condenas tras la petición de la política socialista, tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas. En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha negado la solicitud española para una revisión en pleno de tres casos relacionados con el registro de laudos arbitrales emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Así, el CIADI condenó a España por la retirada retroactiva de las primas renovables, pero Ribera apeló a EEUU como última opción. Sin embargo, la Justicia ha decidido rechazar la petición de la ex ministra y ratificar tres condenas.

El primero de los casos revisados por la Justicia americana está relacionado con NextEra, empresa estadounidense a la que España tiene que indemnizar con un total de 290 millones de euros, además de otros 5 millones en concepto de intereses de demora.

El segundo caso hace referencia a la compañía 9REN, un vehículo inversor con sede en Luxemburgo, al que España debe compensar con 40 millones de euros, además de 3,5 millones en intereses. El tercero y último litigio es el de JGC, que supondrá un desembolso de 23,5 millones de euros del Estado, junto con 5,5 millones adicionales en concepto de intereses de demora.

Esta decisión de la Justicia americana, emitida el 2 de diciembre de 2024, da respuesta a un procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado el 12 de febrero del mismo año y representa otro revés para España en su lucha por evitar el reconocimiento internacional de decisiones arbitrales adversas.

Estas condenas se derivan de la retirada retroactiva de las primas a las renovables tras la firma del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), lo que ha llevado a sentencias en contra de España en tribunales de Estados Unidos, así como en cortes de Australia, Bélgica y Reino Unido.

Ribera vuelve a perder en EEUU

En ese sentido, ningún juez del tribunal consideró necesario llevar ninguno de los tres casos analizados al proceso de revisión completa solicitado por España, por lo que el rechazo a la revisión fue unánime. Además, el fallo subraya que ni siquiera el respaldo de la Comisión Europea como amicus curiae logró persuadir al tribunal.

Con esta decisión, los laudos arbitrales a favor de los inversores quedan más cerca de su ejecución en Estados Unidos, aumentando la presión sobre España para cumplir con los pagos millonarios derivados de estas disputas.

«Tras considerar la solicitud de revisión en pleno presentada por el Reino de España, las respuestas correspondientes, el escrito de amicus curiae de la Comisión Europea en apoyo de la solicitud de revisión en pleno y la ausencia de una solicitud por parte de algún miembro del tribunal para someterla a votación, se ordena que la solicitud sea denegada», sentenció la Justicia de EEUU.

En el caso específico de JGC, la Justicia estadounidense ya han indicado que reconocerán el laudo como una sentencia propia, y anticipa un tratamiento similar para los litigios de NextEra y 9REN, así como para otros denunciantes que pudieran llevar sus reclamaciones a los tribunales norteamericanos.

Este desenlace es el último capítulo de una larga serie de litigios internacionales derivados de los recortes retroactivos aplicados a los incentivos para energías renovables. Las reformas fiscales y regulatorias implementadas entre 2010 y 2013 desencadenaron múltiples demandas de inversores extranjeros que, amparados en el TCE, buscaban proteger sus derechos y recuperar las pérdidas ocasionadas.

En total, los 25 laudos arbitrales pendientes de pago por parte de España ascienden a más de 1.560 millones de euros, una cifra que continúa aumentando debido a los intereses y costas judiciales. Estos sobrecostes financieros y legales suman casi 330 millones al monto adeudado, incrementando aún más la presión económica y legal sobre el país.