La deuda de España por los impagos de Ribera a las renovables roza ya los 1.900 millones

Este viernes un tribunal de Estados Unidos se ha declarado competente para obligar a España a pagar 395 millones de un arbitraje. Es un caso más, un suma y sigue en la batalla de los fondos contra la estrategia del Gobierno de no pagar por los laudos de las renovables. La deuda de España con los fondos internacionales por los impagos a las renovables roza ya los 1.900 millones de euros, según cálculos de los propios inversores.

Estos fondos han ofrecido a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, una oferta para cerrar este conflicto y acabar con las reclamaciones, que ya han originado varios embargos de bienes españoles en el extranjero, pero han recibido de momento la negativa por respuesta, según fuentes cercanas a estos inversores. Esta oferta incluye reinvertir parte del dinero en la economía española.

Los fondos advierten de que, cada minuto que pasa, la deuda va aumentando debido a los intereses de demora que generan los arbitrajes y los juicios perdidos por Ribera en diferentes juzgados de Reino Unido, Australia, Estados Unidos o Bélgica. Estos costes superan ya los 315 millones de euros, según siempre los cálculos de estos fondos internacionales, que cifran en más de 7.000 millones de euros el daño de este conflicto para la economía española.

El origen de este problema se remonta a la etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su ministro de Industria, Miguel Sebastián, aprobó en mayo de 2007 dar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables para potenciar el uso y la expansión en el país de la energía verde. Un 25% de retorno a todos los inversores.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, en 2012, y para hacer frente a la grave crisis económica que heredó de Zapatero, decidió rebajar unilateralmente esas primas del 25% al 7%. Los fondos que invirtieron en España iniciaron entonces una batalla en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, para reclamar a España por el golpe a sus inversiones.

Muchos de ellos han conseguido ganar esos arbitrajes en el Ciadi, que obliga a los Estados a cumplir con sus resoluciones. Sin embargo, Teresa Ribera ha decidido seguir la estrategia judicial de no pagar esos arbitrajes apoyándose en resoluciones de la UE. La contestación de estos fondos fue acudir a los juzgados ordinarios para reclamar su dinero, estrategia que les está saliendo bien porque ya hay jueces de países como Reino Unido, Australia, Bélgica, Alemania y, probablemente dentro de poco también Estados Unidos, que han sentenciado contra España.

Ribera sigue sin cumplir con las sentencias y tampoco cumple con esas resoluciones judiciales, por lo que los fondos han pedido el embargo de bienes españoles en esos países para cobrar su dinero. En este punto se encuentran varios pleitos de diferentes fondos, que ya han conseguido varias órdenes de embargo.

En concreto, la justicia belga ha permitido el embargo de más de 80 millones a Enaire de los fondos que recibe de Eurocontrol, empresa radicada en Bruselas. Anteriormente, la magistratura de Reino Unido ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del Gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco.

Además, la Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve.

Lo último ha sido que acreedores afectados por el impago de las indemnizaciones han enviado al Gobierno una notificación prejudicial que alerta al Ejecutivo de la próxima puesta en marcha de un procedimiento de default técnico. El grupo de afectados, encabezado por la firma estadounidense Blasket Renewable Investments, ha tomado esta decisión en relación con un bono de deuda valorado en 237 millones. El título en cuestión vence en 2029 y, debido al procedimiento de default técnico, España puede verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato.