Los impagos a las renovables de Ribera afectan a AENA: embargado el aeropuerto de Luton en Londres

La estrategia de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, de no pagar los laudos arbitrales a los fondos internacionales que han reclamado por la reducción de las primas a las renovables tiene ya su impacto en AENA, uno de los mayores gestores de aeropuertos del mundo. La justicia británica ha autorizado de forma cautelar el embargo del derecho de usufructo de AENA sobre el aeropuerto de Luton, en Londres, propiedad en un 51% de la española.

La firma española comunicó en la noche del sábado a la CNMV que no tenía constancia de la decisión, que conoció por los abogados de los demandantes, Nextra Energy. «AENA llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el
alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de AENA, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda», señala la firma presidida por Maurici Lucena.

Ante los impagos reiterados del Reino de España, los tribunales británicos han autorizado esta medida compensatoria en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra con un pago que ronda los 300 millones de euros.

Se trata de una nueva decisión judicial contra España que autoriza embargos de bienes nacionales en diferentes países. Reino Unido es uno de ellos, pero también se han producido ya en Australia y en Bélgica. Estados Unidos está en proceso también de condenar a España por su decisión de no cumplir los arbitrajes del Ciadi, organismo del Banco Mundial.

Recientemente, la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a Enaire debido a los impagos de las renovables. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España. Así, la magistratura de las islas ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco.

Además, la Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda.

A lo largo de los últimos años, España ha acumulado una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cifra hay que sumarle 310 millones adicionales, en concepto de condenas en costas o intereses de demora.

Los fondos internacionales afectados reclaman a Ribera una salida negociada a esta controversia. Ribera tiene encima de la mesa una propuesta de resolución de estos fondos que permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más.

El origen de este conflicto internacional se remonta a mayo de 2007. Ese año, el ministro de Industria de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, aprobó unas retribuciones estratosféricas para las inversiones en energías renovables, del 25%. El objetivo era impulsar el uso de las energías verdes.

En 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, decidió reducir esas primas unilateralmente al 7% para hacer frente a la grave crisis económica que heredó del PSOE. Los fondos empezaron a presentar arbitrajes en el Ciadi, que ha fallado en decenas de casos en contra de España. La estrategia de Ribera ha sido no pagar esos arbitrajes -apoyada por resoluciones del TJUE-.