Yolanda Díaz compra su puestazo en la OIT con ayudas por 2,3 millones: de la «inclusión LGTBI» a la «resiliencia en Palestina»

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha destinado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —el organismo especializado de las Naciones Unidas para «promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social» en todo el mundo— 2,3 millones de euros desde diciembre de 2022, repartidos en once pagos aprobados por el Consejo de Ministros. Estas partidas fueron impulsadas desde que Díaz asumió la cartera de Trabajo hasta que se anunció su candidatura a presidir la OIT.

Trabajo ha financiado al organismo de forma recurrente desde 2022. El primer pago documentado, de 81.360 euros, se aprobó el 5 de diciembre de ese año para un proyecto sobre «trabajo doméstico decente». Desde entonces, el ministerio ha repetido cada año una partida de entre 50.000 y 59.000 euros para la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo.

A esas aportaciones se han sumado otras dirigidas a la «formación para la inclusión de personas LGTBIQ+ en el mundo laboral» (89.382 euros en 2025 y 23.466 euros en 2026), al «fortalecimiento de la economía social» en América Latina (46.895 euros en 2025), a la «coherencia de políticas sobre economía social y solidaria» (100.000 euros en 2026) y a un proyecto de cooperativas en el «Territorio Palestino Ocupado» (100.000 euros en 2024).

Todos estos pagos figuran en las referencias oficiales del Consejo de Ministros bajo el epígrafe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que confirma que el departamento de Yolanda Díaz fue quien los propuso y gestionó.

El Gobierno oficializó el pasado 22 de julio la propuesta de Yolanda Díaz para optar a la dirección general de la OIT.

«Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia», anunció con bombo Moncloa.

En la nota, se destacaba igualmente que «España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141), muestra de su compromiso con la institución».

La sucesión de pagos del Ministerio de Trabajo a la organización que ahora podría dirigir Díaz se ha mantenido de forma estable durante los últimos cuatro años.

Apenas unos días antes de anunciar la candidatura, el 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una contribución de 1,7 millones de euros, dentro de un paquete de 25 aportaciones voluntarias de España a organismos internacionales por un total de 72,3 millones de euros. Esa partida fue tramitada por la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a petición de Trabajo. La medida vino acompañada de otras contribuciones a agencias de la ONU como UNICEF (3,9 millones), el PNUD (8,1 millones), ONU Mujeres (8,1 millones) o la OMS (5,9 millones).

El propio Pedro Sánchez postuló a Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Un puesto por el que Díaz podría embolsarse más de 150.000 euros netos anuales, además de una ayuda de 156.000 euros para vivienda y 43.000 euros en dietas.

«Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», manifestó el presidente del Gobierno. Sánchez elogió además que la ministra de Trabajo «ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España».

La candidatura debía presentarse antes del próximo 31 de agosto, y la elección se conocerá en el mes de noviembre. Yolanda Díaz, sin embargo, podrá continuar en el Gobierno hasta el final de la legislatura, ya que, en caso de ser finalmente la elegida para la dirección general de la OIT, su mandato, de cinco años, no se iniciaría hasta octubre de 2027, después de la celebración de elecciones generales en España.

Desde el PP se reaccionó al anuncio de la candidatura, refiriéndose a ésta como «el precio que ha puesto Díaz para encubrir la corrupción de Sánchez».