Bélgica eleva a 80 millones el embargo de bienes a España por los impagos de las renovables de Ribera

La justicia belga ha elevado de 32 a 80 millones de euros los bienes embargables de España en este país para satisfacer la denuncia del fondo norteamericano Blasket Renewable Investments por los impagos de los laudos de las renovables decretado por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. Ribera ha decidido seguir la estrategia de no pagar los arbitrajes que España va perdiendo en el Banco Mundial con los fondos que reclaman a España una indemnización por reducir unilateralmente las primas a las inversiones en renovables, lo que ha provocado que la deuda conjunta ascienda a 1.800 millones según los fondos internacionales denunciantes.

Este conflicto parte de la decisión en mayo de 2007 del ministro de Industria de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, de pagar una retribución del 25% a las inversiones en energías renovables, con el objetivo de impulsar su uso en España. En 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, decidió reducir esas primas unilateralmente al 7% para hacer frente a la grave crisis económica que heredó del PSOE. Los fondos empezaron a presentar arbitrajes en el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, que ha fallado en decenas de casos en contra de España. Ribera ha decidido no pagar esos arbitrajes y retrasar la resolución del conflicto.

Fruto de esos impagos de las renovables de Ribera, muchos fondos han decidido acudir a la justicia ordinaria y reclamar poder embargar bienes españoles en diferentes países para cobrar el arbitraje. La justicia de países como Australia y Reino Unido ya han fallado a favor de los embargos, y otros como Estados Unidos están a punto de hacerlo.

Bélgica se unió a esa lista de países el pasado 10 de julio. Ese día, como publicó este diario, trascendió la decisión de un tribunal de apelación del país de ordenar el embargo de una cuenta de banco del ente público Enaire, accionista mayoritario de Aena, por 32 millones de euros. Enaire recibe mes a mes los pagos que realiza Eurocontrol, con sede en Bélgica, a los distintos países del espacio aéreo europeo para remunerar los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo.

Este tribunal de apelación tumbaba de esta forma una sentencia del tribunal de primera instancia que dio la razón a España. Apelación consideró probado -según el código penal belga- que el fondo Blasket ha ganado el arbitraje abierto contra España en el Ciadi, resuelto el 9 de noviembre de 2021, y que los ingresos de Enaire recibidos de Eurocontrol están destinados a fines comerciales.

Ahora, el pasado 23 de julio, Eurocontrol cumplió con la orden de la justicia belga y ha informado a la empresa denunciante del monto total sujeto al embargo. La cifra exacta asciende a 83,7 millones de euros, de los que 79,98 millones se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante junio.

De acuerdo con los fondos denunciantes, la orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación, por lo que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados a la espera de la resolución de la controversia. «Es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, puesto que la justicia belga permite que otros acreedores se sumen a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos», señalan los fondos, que recuerdan que han hecho una propuesta a Ribera para acabar con estos conflictos sin que la ministra se haya sentado a negociar.

Mientras, la deuda sigue aumentando por los intereses de demora a los que España también es condenado. Los fondos no van a ceder. Se trata de inversores que se han hecho cargo de las deudas originales y están pleiteando por juzgados de medio mundo para hacer efectivos los arbitrajes.

En el caso de Blasket, con sede en Delaware, es el mismo fondo que en abril de 2023 activó la cláusula de default -impago técnico- de cuatro emisiones de deuda española por casi 1.000 millones de euros, algo a lo que se negó el Tesoro español. El caso está latente, a la espera de que los fondos y el Gobierno español lleguen a un acuerdo que acabe con estos conflictos.