Varapalo a Ribera de una juez de EEUU por los impagos a renovables: «¿Busca saltarse sus compromisos?»

Hace agua la estrategia judicial defensiva de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y candidata del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio, para reducir la factura que va a tener que pagar España por el conocido como hachazo a las primas de las renovables. Ribera está defendiendo que las empresas y fondos que han ganado los arbitrajes contra España en la Corte de Arbitrajes del Banco Mundial no tienen derecho a reclamar ese dinero en los juzgados al tratarse de inversiones en Europa, algo que ya ha sido rechazado en tribunales de Reino Unido, Australia, Alemania y, ahora, todo apunta a que también en Estados Unidos.

Un juzgado estadounidense celebró a finales de febrero la primera vista oral contra España por una denuncia de impagos de renovables. Se trata de las reclamaciones de NextEra y 9REN, que piden 290 y 42 millones, respectivamente, además de seis millones de intereses de demora y 15 millones por condenas en costas.

En esa primera vista oral de una denuncia contra España por los impagos a las renovables, celebrada en la Corte del Distrito de Columbia, un panel de tres jueces destrozaron la estrategia judicial que está utilizando Ribera. La magistrada Cornelia Pillard ha defendido que, al firmar el Tratado de la Carta de la Energía -ahora España se ha salido-, aceptaba las resoluciones de los arbitrajes internacionales y ha recalcado que si los arbitrajes del Banco Mundial (CIADI) no incluían a los países europeos así se tendría que haber recogido en el Tratado.

Pillard ha señalado en la vista que «España firmó la Carta de la Energía, que incluye una cláusula incondicional de arbitraje», y ha recordado que la Justicia estadounidense ya lo ha interpretado así en dos casos anteriores. «Si la Carta de la Energía no incluyese el arbitraje de inversiones realizadas dentro de la UE, incluiría la cláusula correspondiente», ha dicho, cosa que
no sucede, al contrario que en otros tratados en los que sí se han recogido
excepciones referidas a la UE.

«¿Acaso España no está intentando saltarse sus obligaciones y compromisos?», se ha preguntado la magistrada Pillard. «Me refiero a que sabemos que debe más de 1.300 millones de dólares a 16 inversores que han conseguido un laudo a su favor -y su pretensión es no pagar-. Ha recibido todas las ventajas de las inversiones realizadas y ahora no quiere cumplir con su parte del trato, con lo acordado al firmar el Tratado de la Carta de la Energía», ha señalado.

Pillard ha insistido: «¿Acaso los inversores habrían inyectado todo este dinero en España si no hubiesen tenido la certeza de que, ante una
situación así, podrían solicitar un arbitraje neutral para dirimir la disputa?». La magistrada ha señalado también que hay 150 inversores de Estados Unidos que han acudido al CIADI, así que su país está interesado en que esta corte de arbitraje sea efectiva.

La jueza Judith Rogers también fue muy contundente, llegando a asegurar que los argumentos utilizados por España eran «sorprendentes». «Al firmar el Tratado de la Carta de la Energía, uno asume que el arbitraje será
la salida, no un litigio convencional, de modo que se pacta dicha salida y se
acuerda el quedar sometido a sus resultados. Por tanto, ¿por qué se
pretende que la UE y España no sabían lo que implicaba el acuerdo, cuando
está todo tan claro?», preguntó.

La tercera magistrada que participó en la sesión -primera vez que España tiene que defender su posición en una vista oral-, la jueza Florence Pan, se alineó con estos argumentos y señaló que «al firmar el TCE, uno asume que el arbitraje será la salida, no un litigio convencional, de modo que se pacta dicha salida y se acuerda el quedar sometido a sus resultados. Por tanto, ¿por qué se pretende que la UE y España no sabían lo que implicaba el acuerdo, cuando está todo tan claro?», preguntó.

Las críticas de la Justicia estadounidense dejan en una posición comprometida a España y abren la puerta a nuevas sentencias en contra y a nuevos embargos. Como publicó este diario, los fondos y empresas que pleitean contra España ya están rastreando activos en Estados Unidos para embargarlos.

El fondo de los impagos a las renovables arrancan con la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de dar unas primas del 25% a las inversiones en renovables para fomentar su uso, primas que fueron reducidas al 7% por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, en plena crisis y casi en bancarrota. Las empresas y fondos que invirtieron en España decidieron entonces acudir a los arbitrajes internacionales para reclamar sus inversiones, que les han dado la razón en buena parte de ellos. Teresa Ribera decidió para defenderse no pagar esas resoluciones, lo que ha llevado a las empresas a acudir a los juzgados ordinarios.