Manos Limpias denuncia ante el juez a la ex edil de Urbanismo de Alicante por el caso de las viviendas

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha presentado la primera denuncia ante el juez por el escándalo de las viviendas de protección pública en Alicante. En concreto, Manos Limpias dirige esa denuncia por los presuntos delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociación prohibida a funcionarios, contra la ex edil de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez; la ex directora general y directora de Contratación, María Pérez-Hickman; el arquitecto del mismo ayuntamiento, Francisco Nieto; la también arquitecta municipal, Elsa Lloret; el funcionario de ese consistorio jefe del servicio de vivienda y protección oficial; el notario, José María Izaguirre y, también, el presidente, la vicepresidenta, la secretaria y al administrador único de la cooperativa de viviendas de Fraorgi. Todo ello, según consta en la citada denuncia.

Con ello, Manos Limpias se convierte en el primer colectivo ajeno a las Administraciones Públicas que lleva el caso ante el Juzgado. Y, también, en el primero que denuncia el escándalo ante el juez. El Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el PSOE habían dirigido sus denuncias a la Fiscalía. Y no directamente al juez, como ahora sí hace Manos Limpias.

En la relación circunstanciada de los hechos que contiene la citada denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Manos Limpias explica que la misma «proviene de la adjudicación presuntamente ilícita por parte de la cooperativa Fraorgi, de construcción de VPP, (…) a miembros concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, así como a directivos de la referida cooperativa y adjudicatarios diversos de los diferentes pisos».

El sindicato manifiesta también en la denuncia que «no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera». Y señala que «además, desde la Generalitat Valenciana, se amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda». Indica Manos Limpias que «las viviendas adquiridas en varios casos, y una vez escrituradas, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, interviniendo una agencia inmobiliaria, donde en un vídeo manifiesta que una cantidad aproximada de 175.000 euros debe darse en B».

Añade el colectivo de funcionarios que «la denunciada, Rocío Gómez, se le adjudica una vivienda», que la «denunciada María Pérez-Hickman, se le adjudican dos viviendas para sus hijos y otra para un sobrino».

En cuanto al funcionario jefe del servicio de viviendas y protección oficial, y siempre según consta en la denuncia de Manos Limpias,  «suspendido de funciones por la Consejería de Vivienda de la Comunidad Valenciana, falsea presuntamente documentos y se adjudica un piso a su mujer». Agrega que el «denunciado arquitecto» Nieto «se adjudica otro piso». En cuanto al notario José María Izaguirre, «fedatario de las escrituras de adjudicación de los pisos, se le adjudican dos viviendas para sus hijos».

Finalmente, en cuanto a los «denunciados miembros directivos de la cooperativa Fraorgi (…), se adjudican todos  un piso». El colectivo de funcionarios añade, dentro del apartado de otras anomalías la adjudicación de pisos a otra serie de propietarios.

Manos Limpias adelanta que es su voluntad personarse como acusación particular en el caso y solicita al juez como prueba fundamental «para dar veracidad a la denuncia y a los denunciados» solicitar el «expediente administrativo de adjudicación a las viviendas».

La denuncia ante el juzgado de Manos Limpias se ha producido en paralelo a la celebración de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante sobre el mencionado escándalo de la adjudicación de viviendas, celebrado también este jueves. En ese Pleno, los grupos políticos con representación en el Consistorio han decidido por unanimidad crear una comisión de investigación municipal acerca de las citadas adjudicaciones.