Expedientado un funcionario por tramitar a su mujer una vivienda protegida del escándalo en Alicante

La Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, que dirige la vicepresidenta primera, Susana Camarero,  ha abierto un expediente disciplinario este lunes a un funcionario de la dirección territorial de Alicante, aplicándole suspensión cautelar de empleo y sueldo, tras detectar irregularidades en la tramitación de una vivienda protegida de la polémica promoción urbanística que sacude la ciudad. El funcionario ha sido expedientado por tramitar a su mujer una vivienda protegida del escándalo citado en Alicante de la adjudicación de vivienda de protección pública en la playa de San Juan (Alicante). Fuentes consultadas por OKDIARIO han confirmado que el funcionario expedientado es el marido de una arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante.

Así las cosas, la Conselleria le ha abierto expediente y tiene previsto llevar el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante ante la sospecha de que pudiera haber más casos relacionados con el personal del Ayuntamiento de Alicante que pudieran hallarse en una situación similar. Sebastián Fernández Miralles ocupa la Secretaría Autonómica de Vivienda dentro de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Su labor se centra en la gestión y planificación de las políticas de vivienda de la comunidad.

Según ha informado la Generalitat, tras una segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica de Vivienda, se constató que el funcionario es cónyuge de la solicitante y que durante la tramitación del expediente omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él mismo formaba parte. Esto incluía información sobre la acreditación de ingresos y propiedades que debían sumarse a la unidad familiar, datos fundamentales para determinar la elegibilidad de la vivienda.

El informe revela que, pese a estas omisiones, el funcionario revisó, tramitó y acreditó el expediente como si cumpliera todos los requisitos, favoreciendo de manera directa a su esposa. La decisión de suspenderle cautelarmente busca garantizar la integridad del proceso administrativo y evitar posibles interferencias mientras se determina la gravedad de los hechos.

El caso se enmarca dentro del escándalo urbanístico de Alicante, que ya ha puesto bajo la lupa a diversas promociones de viviendas protegidas. La actuación del funcionario añade un nuevo capítulo al conflicto, evidenciando un posible uso indebido de la administración para favorecer intereses privados dentro del sistema de vivienda pública.

El expediente se ha tramitado con todas las garantías y que, en función de los resultados de la investigación, podrían derivarse sanciones más severas o incluso responsabilidades judiciales, en caso de confirmarse que actuó deliberadamente para beneficiar a su cónyuge.

La Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha abierto el citado expediente disciplinario después de que este lunes por la mañana haya solicitado a sus técnicos en la dirección territorial de Alicante la elaboración de un segundo informe de la promoción de viviendas de protección público (VPP) salpicadas por el escándalo, que hasta el momento se ha saldado con la dimisión de la edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y de una directora general.