Alicante: Barcala y Sánchez instan a Puig y Marzà a retirar subvenciones a chiringuitos catalanistas

El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs), presentará al Pleno una iniciativa para exigir a Ximo Puig que abandone la implantación del modelo catalán de inmersión lingüística y retire las subvenciones a chiringuitos catalanistas.

El proceso de inmersión lingüística que sigue el modelo catalán en la Comunidad Valenciana es una evidencia no sólo para muchos padres y madres, sino también para instituciones y administraciones que no están de acuerdo en ese procés acelerado que se vive en este territorio. En esta ocasión, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, que dirige el popular Luis Barcala y cuenta como vice alcaldesa con Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), es el que ha tomado la iniciativa para exigir al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y al consejero valenciano de Educación Vicent Marzà (Compromís) que abandonen la implantación de ese modelo catalán de inmersión. Pero además, para que quede constancia oficial de esa reclamación, PP y Ciudadanos la trasladarán al próximo Pleno municipal que se celebrará el próximo día 22 del presente mes de diciembre en forma de declaración institucional.

Esa declaración institucional no se manifiesta en contra de la convivencia de las dos lenguas, español y valenciano, pero sí muestra una oposición clara a cualquier tipo de imposición lingüística. También, reclaman tanto a Puig como a Pedro Sánchez que se retire o impida cualquier tipo de subvención o dotación de recursos públicos a entidades de marcado carácter partidista, cuyos objetivos sean contribuir al señalamiento de ciudadanos, incluidos los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan. Es decir: que se retiren las subvenciones y ayudas a chiringuitos catalanistas. Además, exigen también a Sánchez y Puig, a los Gobiernos de España y de la Generalitat Valenciana, que combatan con firmeza los intentos de adoctrinamiento en las aulas, reforzando la inspección educativa y que se comprometan al cumplimiento de los derechos lingüísticos de la Constitución española.

En la declaración institucional, en la que PP y Cs subrayan que «no necesitamos una policía lingüística» en referencia a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la que el Tribunal Supremo ha tumbado 12 de los 16 artículos que estructuraban su funcionamiento, también se hace referencia a la decisión del Gobierno valenciano de poner fecha de caducidad a la exención lingüística en zonas castellanohablantes en 2027, lo que consideran «un atropello a los derechos de todos que afecta de lleno los alicantinos». El documento, elaborado por la concejala popular Mari Carmen de España y por la propia Mari Carmen Sánchez es una respuesta en toda regla a la deriva catalanista que está tomando la Generalitat Valenciana y un nuevo intento por detener el procés acelerado que se vive en la Comunidad Valenciana, en la línea que en su día marcaron en su reunión Alicante el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón y la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas. De hecho, Mazón ya ha manifestado que si alcanza la presidencia de la Generalitat Valenciana retirara las ayudas a esos chiringuitos catalanistas.