Varapalo al catalanismo: el Supremo frena la Oficina de Derechos Lingüísticos de Puig y Oltra

Varapalo al catalanismo: el Supremo frena la Oficina de Derechos Lingüísticos de Puig y Oltra. La sentencia anula 12 de los 16 artículos del decreto del Gobierno de Puig y Oltra que regulaba esa Oficina.

El Tribunal Supremo ha anulado hasta una docena de los artículos que regulaban la Oficina de Derechos Lingüísticos de Puig y Oltra. Un duro varapalo al catalanismo en la Comunidad Valenciana. La sentencia desestima un recurso de casación presentado por la Generalitat Valenciana contra otra sentencia anterior, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que ya había anulado algunos artículos de que constaba el decreto que regulaba el funcionamiento de la citada Oficina. La sentencia del Tribunal Supremo, conocida hoy pero emitida el pasado día 22, supone de facto el final de esa oficina, pues sólo cuatro de los 16 artículos no han sido anulados.

La Oficina de Derechos Lingüísticos fue una iniciativa de Compromís nacida hace cinco años, pero no tomó forma hasta 2017, aún en la pasada legislatura. El Gobierno valenciano de Puig y Oltra justificó su creación con la necesidad de paliar los desequilibrios que sufría el valenciano en relación al español. Ya desde un primer momento, el PP se situó en contra de la Oficina, porque entendía que la normativa que la regulaba era un corta y pega del de la oficina que con esos mismos fines operaba en Cataluña. Entendía también que el decreto que regulaba la creación de la Oficina valenciana no había tenido en cuenta las observaciones del Consejo Jurídico Consultivo, que sí había advertido de que ese organismo no podía invadir competencias que eran materia del Estado y no de la Comunidad autónoma. Además, el PP mostró entonces una seria preocupación por el hecho de que la Oficina pudiera atender denuncias en el ámbito privado.

De modo, que fue a los tribunales. En concreto, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana junto a la Asociación de Defensa del castellano. Esta última, criticaba que la Oficina sólo atendiera denuncias de los valenciano parlantes frente a los castellanohablantes. Y no también al contrario. Es decir, que contaba con una normativa dirigida a imponer los derechos del valenciano frente a los del español y no al equilibrio entre ambos.

La decisión del Tribunal Supremo ha sido acogida por el Partido Popular con satisfacción. Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana ha valorado sobre todos dos cuestiones. Una, que se ha dado la razón a los argumentos del Partido Popular en sede judicial. Y, otra, la más importante, que la sentencia supone de facto frenar el proceso de inmersión lingüística que el Gobierno valenciano de Puig y Oltra está llevando a cabo y ese procés a la valenciana acelerado en cuya existencia coinciden todas las fuerzas de la Oposición en la Comunidad Valenciana: «Con esta sentencia -ha dicho- los ciudadanos de la Comunidad Valenciana son más libres y hay menos adoctrinamiento».