El Gobierno trasladó de Canarias a la Península 29.000 inmigrantes ilegales en 2023: casi 80 al día

El Gobierno de Pedro Sánchez trasladó en 2023 desde Canarias a la Península «alrededor de 29.000» inmigrantes irregulares. Una cifra desorbitada que ha reconocido el propio Ejecutivo de PSOE-Sumar al dar respuesta a una iniciativa de control en el Congreso de los Diputados. Buena parte de estos traslados se han llevado a cabo, con especial intensidad desde el mes de octubre, mediante vuelos privados fletados por el Gobierno, fundamentalmente hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según la contestación del Ejecutivo -consultadas por OKDIARIO- a una pregunta parlamentaria escrita presentada por el PP, «a lo largo del año 2023 han sido trasladadas a la península alrededor de 29.000 personas llegadas a las Islas Canarias a través de embarcaciones», sostiene el Gobierno.

Según los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior, el año 2023 se cerró con la llegada de 56.852 inmigrantes irregulares a España por vía marítima o terrestre. Una cifra tan elevada que no se veía desde 2018. Se trata de un aumento del 82,1% con respecto a 2022, cuando se registraron 31.219 entradas.

Esta subida se debió especialmente al récord absoluto de llegadas irregulares a las Islas Canarias: 39.910 inmigrantes, lo que supuso un 154,5% más que en 2022, cuando ingresaron 15.682 personas de manera irregular (24.228 más). Ahora, a tenor de la citada respuesta parlamentaria del Gobierno al PP, se tiene constancia de esos 39.910 ilegales, de los que el Ejecutivo trasladó a la Península «alrededor de 29.000»; esto es, el 72% de todos los que llegaron al archipiélago.

El PP no sólo se interesó por la cifra de traslados, sino también por el «sistema» a través del cual fueron derivados estos inmigrantes ilegales desde el archipiélago canario hasta la Península, así como por «el criterio para decidir las personas que son trasladadas y cuáles no».

En relación con ello, el Gobierno señala que ha sido la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la que ha desarrollado esos operativos. Lo ha hecho, según el Ejecutivo, a través del Programa de Atención Humanitaria. Con él, dice en esta respuesta parlamentaria, se han atendido las «necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país por vía terrestre a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, por medio de centros públicos directamente gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o bien mediante recursos gestionados a través de la acción concertada con entidades del tercer sector autorizadas».

Entidades sociales

Precisamente, el Gobierno ha recurrido a estas entidades sociales para el traslado por distintos puntos de la Península de los inmigrantes que iban llegando bien al aeropuerto de Barajas, en los citados vuelos semiclandestinos desde Tenerife, o a otros destinos, como Barcelona y Málaga. En concreto, según los registros existentes en plataformas online que hacen seguimiento del tráfico aéreo, desde octubre se han producido cerca de 70 de estos vuelos con aeronaves de la compañía Air Europa, a la que contrató el Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, la compañía Air Nostrum, a la que el Gobierno de Sánchez adjudicó en su día el contrato de las gestiones de vuelos de deportación, también realiza traslados de inmigrantes ilegales desde Gran Canaria a la Península. Y es que el contrato que el Ejecutivo adjudicó a Air Nostrum no sólo contempla deportaciones, sino también desplazamientos de ámbito nacional para el «traslado de ciudadanos extranjeros» dentro España, ya sea «para ser ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros, para su traslado desde unos Centros a otros» o «en el contexto de la gestión de estas materias, a efectos de acogida en instituciones a cargo de organismos públicos o de organizaciones no gubernamentales o alternativas similares». Desde octubre estos vuelos se han intensificado prácticamente a uno semanal.

Alojamientos

Tras su llegada en avión a la península, los inmigrantes irregulares fueron recibidos por esas ONG designadas por el Ejecutivo y conducidos a otros puntos de la geografía española, siendo alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras dependencias. El Gobierno también ha convertido instalaciones militares en centros de acogida. Es el caso, por ejemplo, del ubicado en el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid), foco de reyertas, peleas y agresiones sexuales, según trascendió el pasado enero.

Se da la circunstancia de que tanto el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska como el de Migraciones –que ha pasado de José Luis Escrivá a Elma Saiz– evitan informar en detalle del número concreto de inmigrantes irregulares que han volado en estos viajes semiclandestinos en los últimos meses. También se desconoce el coste de tales desplazamientos o la cifra de cuántos han sido alojados en la Península y en qué destinos.

Desde el Partido Popular, dirigentes nacionales y presidentes regionales han criticado que no existe la debida coordinación del Ejecutivo central con los ayuntamientos y las comunidades autónomas en torno a los dispositivos de acogida de estos ilegales procedentes de Canarias, archipiélago que atraviesa una fuerte crisis migratoria.