Puigdemont exige a Sánchez «compensaciones» a las «víctimas» del 1-O en su plan de amnistía

Junts afronta la negociación con Pedro Sánchez con su hoja de ruta claramente marcada. Sus dos grandes exigencias -referéndum y amnistía-, las mismas que reivindican desde hace años, siguen plenamente vigentes. Ahora más que nunca. El apoyo de la formación de Carles Puigdemont es determinante para que el candidato socialista sea investido, puesto que a éste ya sólo le vale el sí. El partido expone su estrategia de negociación en la ponencia política, aprobada hace un año, y que marca las pautas de relación con «el Estado». En el documento se dedica un apartado específico a «los represaliados y la política antirepresiva». Advierten: «Se exigirán responsabilidades y compensaciones en su momento al Estado español respecto a sus víctimas».

«Desde octubre de 2017, el número de catalanes represaliados por el Estado español por haber defendido el derecho de Cataluña a convertirse en un Estado independiente no ha dejado de aumentar y ya llega a varios miles», recogen en la ponencia, en la que reconocen dos retos pendientes: «La defensa de los jóvenes activistas que sufren juicios que podrían condenarlos a años de cárcel y de los cargos electos menos conocidos por el gran público pero que sufren igualmente los efectos de la represión y su amenaza permanente».

«Ningún activista ni cargo político puede quedar sin protección. Como en todo movimiento de liberación nacional, es un deber de todos defender y proteger a todos aquellos que forman parte. Sólo así podremos afrontar con garantías el enfrentamiento institucional con el Estado y una movilización permanente que desencadene un desbordamiento democrático que haga posible la independencia», avisan los separatistas, con los que Sánchez aspira ahora a negociar su permanencia en La Moncloa.

En el documento arremeten asimismo contra «la Justicia española » y plantean un «seguimiento esmerado y sistemático de la represión judicial, compilándola para que en un futuro sean revisadas por la  Justicia de la República de Cataluña y, en su caso, invalidadas».

Proposición

En 2021, Junts -con ERC, la CUP y el PDeCAT- registraron en el Congreso una proposición de ley de amnistía, una figura no recogida en la Constitución, que no fue admitida por ese motivo por los letrados de la Cámara.

La iniciativa pretendía que quedasen amnistiados «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa, llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor».

Los autores precisaron que se entendía «como intencionalidad política» cualquier «hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña» y «en cualquier caso, cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto de procesos participativos sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como de los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender el citado referéndum o criticar las actuaciones de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales hubiesen sido objeto de persecución penal».

La amnistía implicaría «la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer». Además, «la autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura,»se pondrá fin a las investigaciones y a los procesos judiciales iniciados» y se procederá a la «reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados» y «la eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales». Todos los afectados por «despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena» serían readmitidos, restituyéndoles «todos los derechos,  incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social y mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado».