Guardias civiles denuncian al Gobierno en la UE por no pagar el permiso parental a miles de funcionarios

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por no pagar el permiso parental a miles de funcionarios. Y ello porque el Real Decreto-ley 9/2025 que regula el permiso parental, recientemente aprobado, retribuye las dos semanas de permiso con la condición de que el hijo haya nacido a partir del 2 de agosto de 2024, «dejando fuera aquellos cuyos hijos tienen menos de ocho años, pero nacieron antes». Una medida que considera discriminatoria.

La denuncia fue presentada el pasado 31 de julio, al día siguiente de la publicación en el BOE de esta norma que traspone la Directiva Europea 2019/1158 a la normativa estatal. La AUGC afirma que no sólo llega tarde, hecho por el que el Estado ya está pagando una multa de 6,8 millones, sino que «incumple» la Directiva Europea al dejar fuera de este derecho retribuido a los padres con hijos menores de 8 años, y es contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Europa obliga a dar seis semanas de permiso no retribuidas y dos retribuidas. España lo que ha hecho es dar ocho no remuneradas y dos pagadas, pero dentro del permiso por nacimiento/adopción. Así, intenta librarse de tener que dar dos semanas retribuidas a quienes tengan hijos menores de 8 años, pero nacidos antes de la citada fecha fijada en el Real Decreto que alude a la entrada en vigor de la Directiva», señala a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la asociación y artífice de la denuncia.

Y subraya que «el Derecho no puede descansar en la fecha de nacimiento, sino en la edad del menor».

Ahora, la Comisión Europea estudiará la denuncia a la luz del Derecho de la Unión y decidirá si da curso o no a la misma.

Si considera que puede existir una violación del Derecho de la Unión Europea que justifique la apertura de un procedimiento de infracción, como sostiene la asociación decana de guardias civiles, enviará al Gobierno un escrito de requerimiento, emplazándolo a presentar sus alegaciones.

Sobre la base de la respuesta del Gobierno, o a falta de respuesta, la Comisión podrá decidir enviarle un dictamen motivado por el que ordene al Estado español que se ajuste al Derecho de la Unión Europea en un plazo determinado. Si subsana el error, se libraría de otra multa. En caso contrario, se elevaría al TJUE.

La Guardia Civil, sin actuar

Por otro lado, la AUGC señala que nada más aprobarse esta norma, solicitó a la Guardia Civil que se regule este derecho del permiso parental para los guardias civiles, pero a día de hoy la Dirección General sigue sin pronunciarse al respecto.

Esta asociación advierte que estará pendiente de lo que regule y que no va a permitir ninguna limitación en el derecho. «Estamos cansados de ser trabajadores de segunda con menos derechos que nadie y acudiremos donde sea necesario para que se nos garanticen los mismos derechos que al resto de funcionarios en estos permisos tan importantes para la conciliación», manifiesta.

Eugenio Nemiña se refiere así a la regulación propia que tienen los guardias civiles y que precisan de una resolución de la directora general que todavía no se ha producido.
El plazo para solicitar este permiso comenzará en enero de 2026. La AUGC intentará hacer ver al Gobierno «la necesidad de que cambie el texto para garantizar el derecho al permiso parental de dos semanas a los agentes y resto de funcionarios con hijos menores de ochos años, pero nacidos antes de agosto de 2024 que han quedado excluidos en esta norma».
Al ser un Real Decreto-ley, el texto publicado en el BOE tiene que ser sometido a debate y votación en el Congreso de los Diputados para ser refrendado. Por ello, esta asociación solicitará reuniones con el Ejecutivo y con todos los partidos políticos con el fin de mejorarlo y «conseguir que se cumpla fielmente con la Directiva, respetando el derecho al permiso parental de todos los padres con hijos menores de 8 años».

Si el Ejecutivo «no entrara en razón, esta denuncia ya está en marcha», y los servicios jurídicos de la AUGC confían en que prospere.

Otras denuncias ante la UE

No es la primera vez que la AUGC ha denunciado al Gobierno ante la Comisión Europea. Esta semana también lo ha hecho por imponer pruebas físicas a agentes con discapacidad, como ha revelado OKDIARIO. En los exámenes de ascenso, se exige correr dos kilómetros, una prueba que no tiene relación con las funciones que realizarían.

Además, una denuncia de la AUGC originó el requerimiento de la Comisión Europea para que se crearan las oficinas de riesgos laborales en la Guardia Civil.

Igualmente, a raíz de una denuncia obligó a la Benemérita a modificar la jornada laboral y regular una para oficiales, suboficiales y unidades de investigación, anteriormente a «tarifa plana», es decir, cobraban lo mismo independientemente de las horas de servicio.

También consiguió otro requerimiento de la Comisión Europea para regular el abono de las vacaciones no disfrutadas al finalizar la relación laboral o fallecer.

«No puede ser que los derechos de los guardias civiles dependan siempre de Europa», critica Nemiña, reprochando «la falta de empatía del Gobierno» hacia este Cuerpo, siempre en primera de batalla para garantizar el Estado de Derecho.