Marlaska niega a la Guardia Civil el plus de «alta presión operativa» que sí paga a la Policía Nacional

El Ministerio del Interior niega a la Guardia Civil el complemento de territorialidad que sí paga a la Policía Nacional en numerosos destinos del territorio nacional por tratarse de zonas singulares: de alta presión operativa, coste de vida elevado o especial complejidad social. Y ello pese a que en dichos territorios y áreas también ejercen miles de guardias civiles y ambos Cuerpos comparten funciones policiales.

En concreto, Interior abona este complemento a la Policía Nacional en Madrid capital (184,14 euros), el aeropuerto de Barajas, en Madrid (178,42 euros), comisarías locales de Madrid (96,84 euros), las Islas Canarias (146,23 euros), Baleares (145,10 euros), Barcelona capital (55,68 euros), el resto de Cataluña (42,02 euros), Valencia, Sevilla y Málaga capitales (36,76 euros), Melilla (53,52 euros) y Ceuta (22,74 euros).

Este complemento es diferente a la indemnización por residencia que perciben todos los funcionarios destinados en territorios insulares o ciudades autónomas. Mientras que la indemnización por residencia responde a criterios administrativos de localización, el complemento de territorialidad busca compensar las condiciones específicas que hacen especialmente exigente el servicio en determinados territorios: factores como el coste de vida elevado (alquileres, vivienda y transporte), la carestía de servicios básicos, la presión operativa y social, la dificultad de conciliación familiar y la penosidad de determinados destinos.

Discriminación salarial

La Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) denuncia en OKDIARIO que esta situación de pagarse a un Cuerpo, pero a otro no supone una «discriminación salarial» hacia la Benemérita, ya que ejerce en esas zonas, donde comparte funciones con la Policía Nacional e incluso «en muchos casos, los guardias civiles asumen una mayor carga operativa».

«Esta diferencia salarial es injustificada, discriminatoria y contraria a los principios de equidad y reconocimiento del servicio público», sostiene Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de la IGC.

Esta asociación afirma que «no existe razón técnica, operativa ni económica que justifique esta exclusión» a la Guardia Civil, ya que ambos Cuerpos Policiales, que tienen sus retribuciones reguladas por la misma norma -el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio-, comparten competencias en numerosas áreas: seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, control de fronteras, protección institucional, vigilancia de infraestructuras estratégicas, etc. Y lo hacen, muchas veces, en los mismos edificios, con los mismos riesgos y frente a los mismos desafíos.

Por ello, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que este complemento retributivo en territorios que por sus características suponen un esfuerzo adicional para los agentes, se aplique también de forma inmediata al personal de la Guardia Civil en los territorios donde ya se abona al Cuerpo Nacional de Policía y en igual cuantía.

Asimismo, reclama la «revisión y actualización anual del complemento, conforme al IPC, la evolución del mercado inmobiliario y el nivel de presión operativa de cada destino».

También reivindica que este complemento se aplique en el Campo de Gibraltar, dada su situación estructural en materia de narcotráfico, criminalidad organizada y conflictividad.

«Es inaceptable que dos Cuerpos que trabajan bajo el mismo Ministerio del Interior, en los mismos territorios y frente a los mismos desafíos tengan retribuciones distintas», recalca esta asociación, reivindicando al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que pongan fin a esta «injusticia histórica».

Una reivindicación que la IGC llevará a la siguiente reunión del Consejo de la Guardia Civil. «La dignidad profesional no puede depender del Cuerpo al que se pertenezca, sino del los cometidos  que se realiza», señala Daniel Fernández.

Desigualdad operativa

La IGC destaca que la discriminación no se limita a lo económico, sino que se agrava por las condiciones laborales. En este sentido, afirma que mientras que la Policía Nacional trabaja, en muchos casos, bajo el régimen de turnos 6×6 -seis días de trabajo y seis de libranza-, «con jornadas más previsibles y mejor planificación de descansos», los guardias civiles carecen de un sistema de turnos en la mayoría de los destinos, y «los que están a turnos trabajan muchas más horas al año que un Policía Nacional, lo que se traduce en más días trabajados, mayor carga operativa y menor conciliación familiar».

La Guardia Civil es uno de los pilares de la seguridad pública en España y sus agentes desempeñan funciones clave en zonas rurales, urbanas, fronterizas y de alta especialización. Por ello, IGC manifiesta que «es inadmisible que se tenga una doble vara de medir entre Cuerpos que sirven al mismo Estado y al mismo ciudadano».

Esta asociación advierte que no parará hasta lograr esta retribución para los guardias civiles. Frente a quienes aducen que los guardias civiles ya disponen de casa cuartel, la IGC tumba dicho argumento indicando que sólo una pequeña parte de la plantilla vive en las instalaciones. «Sólo en torno a un 20% ha podido acceder a una casa cuartel», precisa Fernández.