Una inquiokupa con dos negocios deja sin casa a la propietaria, discapacitada y dependiente de Cáritas

Una inquiokupa con dos negocios aparentemente boyantes mantiene sin casa en Paterna (Valencia) a su propietaria, prejubilada, discapacitada y dependiente de Cáritas. Es el último caso conocido en la declaración de ‘vulnerabilidad’ a la que miles de inquilinos morosos se agarran para dejar de pagar y quedarse dentro del piso, por años, hasta que se resuelve el expediente. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prorrogado la prohibición de desahuciar a personas que se declaren «vulnerables». El decreto 11/20 fue adoptado durante la pandemia y ha disparado desde entonces las cifras de inquiokupación.

En el caso de Paterna, la parte vulnerable, con toda seguridad, es la propietaria del piso: mujer, prejubilada, con serios problemas de movilidad en las dos piernas, cobrando una pensión irrisoria de 750 euros y teniendo que recurrir a Cáritas para llegar a fin de mes. La inquiokupa es una empresaria conocida del municipio valenciano. Hace dos años dejó de pagar la renta y ha acumulado una deuda con la propietaria, según denuncia su hijo, de 6.800 euros. La inquiokupa tiene los dos negocios domiciliados en el mismo piso cuyo alquiler ha dejado de pagar. Uno de estos negocios es una papelería situada debajo de la propia casa okupada. Presume de su actividad en redes sociales.

«No es una persona vulnerable. ¿Cómo es posible que una persona que tiene dos negocios sea considerada vulnerable?», lamenta José María, hijo de la casera, que está acarreando con todos los gastos.  La ‘inquiokupa empresaria’ forma parte de ‘Multipaterna’, la asociación de comerciantes con mayor trayectoria en la localidad, y asiste a galas y eventos organizados por la entidad.

Propietaria vulnerable

El hijo de la casera cuenta que, en 2020, su madre alquiló el piso a una conocida suya como vivienda vacacional. El alquiler se estipuló en 400 euros mensuales. Decidieron alquilar la vivienda porque su madre percibe una pensión de 750 euros y necesitaba complementar sus ingresos para vivir de una manera menos ajustada.

A partir del año 2023 la inquilina comenzó a pagar las mensualidades con ciertos retrasos. «En vez de pagar al principio de mes, pagaba a finales. Después se le juntaba la deuda de un mes con el anterior», explica José María, el hijo de la propietaria. «A partir de 2024, la inquilina empezó a pagar el alquiler cada cuatro o cinco meses. La última vez que nos ingresó una mensualidad fue en agosto de 2025. Desde entonces no ha vuelto a ingresar ninguna cantidad», explica. José María señala, además, que en el piso de su madre viven la inquiokupa y sus hijos en edad de trabajar: «Esta mujer tiene cuatro hijos, tres de ellos son mayores de edad». La Policía no ha podido desalojar a la mujer y sus hijos porque uno de ellos tiene una discapacidad tipo 2.

El daño de la inquiokupa es doble: a la madre y al hijo, que se está haciendo cargo de los gastos que su madre no puede afrontar. «Desde que dejó de pagar el alquiler, yo me tengo que hacer cargo de los 700 euros mensuales de la hipoteca de la vivienda y de los gastos de la inquilina. Lo pago yo porque mi madre no puede asumir esta deuda», afirma José María. Hace un año que comunicaron a la inquiokupa de manera fehaciente, mediante burofax, que debía abandonar el piso, pero ha hecho caso omiso.

Propietaria discapacitada

La madre de José María no sólo vive con lo justo. Tiene serios problemas de salud y movilidad: «Mi madre necesita ese piso para vivir porque tiene una discapacidad total. Tiene las dos piernas vendadas porque tiene dos úlceras. Ha estado casi tres meses hospitalizada. Para ir al médico necesita la ayuda de otra persona para subir y bajar de su casa porque donde reside actualmente no hay ascensor. Para ir al médico tiene que desplazarse en ambulancia».

La madre de José María tiene 64 años y utiliza pañal: «Mi hijo tiene que ir todos los días a las dos, después del instituto, para comer con ella y atenderle. Mi pareja termina a las cinco de la tarde de trabajar. Yo, aunque salga antes de trabajar, de lunes a jueves tengo actividades extraescolares».

José María denuncia que lo único que quieren es que «se vaya» y poder recuperar la vivienda de su madre para que pueda vivir de una forma más tranquila, cómoda y acorde a sus necesidades físicas. José María no entra en las circunstancias de la inquiokupa, pero sí deja claro que «mi madre no puede ser su escudo social».