El Gobierno impedirá echar a okupas que ganen 1.800 € al mes y deban el 30% en alquiler y suministros

La Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, que el Congreso aprobará previsiblemente este jueves, impedirá echar a okupas que cobren 1.800 euros al mes y que deban destinar a pagar el alquiler y suministros (agua, luz, gas, teléfono…) el 30% de sus ingresos totales. En concreto, la normativa establece que «el tribunal para apreciar la situación de vulnerabilidad económica podrá considerar el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones suponga más del 30% los ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM)». En 2023, el IPREM se fija en 600 euros al mes, por lo tanto, se establece un límite de 1.800 euros mensuales.

De esta manera, los okupas que ingresen dicha cantidad y sus gastos por alquiler -independientemente de si los pagan o no-, electricidad, gas, agua y telecomunicaciones superen los 540 euros (30% de los ingresos) serán considerados vulnerables; y los propietarios no podrán echarlos de sus viviendas.

No obstante, la ley establece que esta cifra de ingresos puede ser mayor en función de la situación del okupa. La normativa incluye que el límite mencionado se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. Esto supone 180 euros más al mes por cada descendiente. También establece que el aumento por hijo a cargo será de 0,35 veces el IPREM en el caso de unidad familiar monoparental o hijo con discapacidad igual o superior al 33%. Así, a los 1.800 euros mensuales mencionados se podrán sumar 198 euros más, en este último caso.

De igual manera, la Ley de Vivienda contempla que dicho límite «se incrementará en 0,2 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar o personas en situación de dependencia a cargo». Esto supone un aumento de 120 euros al mes.

Mientras que en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de 5 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. De esta forma, la normativa establece que para estos casos los ingresos pueden ser de hasta 3.000 euros mensuales, pero si el pago del alquiler y suministros supera el 30% puede considerarse vulnerable.

Aprobación en el Congreso

La Ley de Vivienda superó la semana pasada la primera prueba en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, con el voto a favor del PSOE, Podemos, ERC y Bildu; en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria y la abstención del PNV. La normativa será aprobada previsiblemente este jueves en el Congreso tras el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC y Bildu.

El acuerdo impone numerosas restricciones a los propietarios, por ejemplo, limita la subida del precio de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024. Mientras que a partir de 2025, el tope a la subida del precio del alquiler variará en función del tipo de contrato y del perfil del caseros. En el caso de los pequeños propietarios que cuenten con menos de cinco inmuebles en una zona tensionada, el límite estará marcado por el contrato anterior. Mientras que para los alquileres de los grandes tenedores el tope se establecerá mediante la aplicación del índice de referencia.