La Ley de Vivienda considera gran propietario al dueño de 5 inmuebles y limita el alquiler al 3% en 2024

ERC y EH Bildu han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para aprobar la Ley de Vivienda, que intervendrá el mercado del alquiler topando la subida de los precios. El acuerdo implica limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, tanto a grandes tenedores como a pequeños propietarios. Además, se rebaja el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

En cuanto a la limitación de la subida del precio del alquiler, durante 2023 se aplicará un límite del 2% (que está en vigor desde abril del año pasado); mientras que en 2024 será del 3%. Y a partir de 2025, «se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual», han explicado ERC y EH Bildu durante la rueda de prensa. Igualmente, la normativa incluye la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos.

Por otro lado, la declaración de zonas tensionadas se declarará cuando se cumpla una de las dos condiciones que la ley establece: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares; o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de la zona tensionada.

La nueva Ley de Vivienda establece que los alquileres que se encuentren en zonas tensionadas serán regulados y topados, «sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios», tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos. Otra de la novedades que incluye es que se rebaja la definición de gran tenedor al propietario de cinco inmuebles y no de diez como establecía el anteproyecto. No obstante, serán las comunidades autónomas las que podrán, en función de sus competencias, rebajar esta condición.

Desahucios

Asimismo, la nueva Ley de Vivienda prohíbe los desahucios sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.

Además, las comunidades podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.

De igual forma, la normativa contempla medidas de protección a los inquilinos. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.