El PSOE propuso hace 7 meses echar a los okupas en 48 h. y ahora cede al «okupa y resiste» de sus socios

La Ley de Vivienda pactada por Pedro Sánchez con sus socios habituales impone un sinfín de obligaciones al propietario que quiera recuperar su vivienda de las manos de okupas e inquilinos que no le pagan el alquiler. En definitiva, blinda la okupación ilegal y alarga sobremanera los procesos de desalojo. La iniciativa, que previsiblemente saldrá adelante este jueves en el Congreso de los Diputados, choca con la enmienda que el propio PSOE registró el pasado septiembre, en la que proponía una modificación legal para echar a los okupas de una vivienda en sólo 48 horas.

Los socialistas presentaron esa enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, pendiente aún de su debate en el Pleno. Su propuesta pasaría por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, en los casos de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles, los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas desde que lo solicite el propietario o se reciba el atestado policial. Además, se propone que, en el caso de que los ocupantes fueran menores o personas en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad, un juez o un tribunal lo comunique «inmediatamente» a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores, así como a la Fiscalía.

Sin distinción

La nueva Ley de Vivienda no establece ninguna distinción entre aquellos que no cumplen sus obligaciones de pago en un arrendamiento o los que la ocupen de forma ilegal. Es decir, el propietario que quiera recuperar su vivienda deberá someterse en cualquier caso a una serie de obligaciones burocráticas que complican y retrasan extraordinariamente el procedimiento.

Para empezar, sólo para que la demanda sea admitida, el dueño tendrá que acreditar que el inmueble es utilizado por el ocupante como «vivienda habitual» y si éste se encuentra en una situación de vulnerabilidad, además de si él es o no un gran tenedor (más de cinco viviendas en propiedad). Pero, además, el acuerdo de Sánchez con sus socios obligará a informar a los okupas o inquilinos deudores de las ayudas públicas y subvenciones que podrán recibir en caso de que se enfrenten a un desalojo.

Procedimiento

Así, la ley establece todo un complejo procedimiento en el que «será el dueño quien deba especificar en la demanda si es o no un gran tenedor y si el inmueble que quiere recuperar constituye vivienda habitual de la persona ocupante».

Si asegura que no es un gran tenedor -aquel que tiene más de cinco viviendas-, la norma le obligará, para «corroborarlo», a presentar una «certificación del Registro de la Propiedad en el que conste la relación de propiedades». En el caso de que el dueño sea un «gran tenedor» tendrá que especificar si quien está ocupando el inmueble es o no vulnerable.

Para ello, deberá presentar un documento «de vigencia no superior a 3 meses, emitido, previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda» por los servicios autonómicos y locales competentes. En caso de no recibir ese consentimiento, la ley le obliga a un nuevo trámite: presentar un «documento acreditativo que indique que la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situación económica». 

Es decir, en último término, todo el procedimiento quedará en manos de los servicios sociales. Si su solicitud no es atendida, el propietario podrá emitir una «declaración responsable» en la que indique que ha acudido a estos servicios «en un plazo máximo de 5 meses de antelación a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma».

PP

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado este martes que «Sánchez ha asumido las posiciones de Podemos y sus socios en relación a lo que es un okupa». «Lo que nos está transmitiendo el Gobierno de coalición y sus socios es que es exactamente lo mismo», ha destacado la dirigente popular. 

«Sánchez ha asumido las posiciones antisistema de sus socios y está planteando una ley que fortalece al okupa frente al legítimo propietario», ha insistido Gamarra, que ha recordado que el fenómeno de la okupación ha crecido un 40%.