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EEUU utiliza al nuevo embajador en España para acercarse a Moncloa y beneficiar a General Dynamics

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Jose de la Morena
  • Jose de la Morena
  • Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.

La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamin León Jr, a España, ha agitado el tablero político y empresarial en el ámbito de la Defensa. Su misión, según fuentes conocedoras de los primeros contactos diplomáticos, es clara: trasladar al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, en línea con las exigencias que Washington viene planteando a sus aliados estratégicos.

Pero su agenda no se limita a los porcentajes presupuestarios. También incluye una tarea delicada: reconducir la relación entre el Ejecutivo español y General Dynamics, matriz de GDELS y propietaria de Santa Bárbara Sistemas, que llegó a denunciar al Ministerio de Defensa por el reparto de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

La tensión entre el Gobierno y General Dynamics no es menor. El grupo estadounidense considera que ha quedado desplazado en la adjudicación de los grandes contratos vinculados a los PEM, a pesar de su histórica presencia industrial en España. En los últimos años, la multinacional ha visto cómo el peso de los nuevos desarrollos se inclinaba hacia otros actores nacionales.

Ahora, la diplomacia estadounidense quiere revertir esa situación. Según distintas fuentes del sector, el nuevo embajador, Benjamin León Jr, trasladará a Moncloa el mensaje de que Estados Unidos espera que General Dynamics vuelva a ocupar una posición central en los programas financiados con fondos públicos españoles para Defensa.

Incluso estaría sobre la mesa, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la retirada de la denuncia presentada si el Ejecutivo acepta reequilibrar el reparto de los PEM en favor del grupo estadounidense.

El nuevo equilibrio para los PEM

Los Programas Especiales de Modernización se han convertido en el principal instrumento del Gobierno para impulsar la renovación de capacidades militares y, al mismo tiempo, reforzar la base industrial de Defensa nacional. En ese reparto, compañías como Indra y el grupo Escribano Mechanical & Engineering han logrado situarse en una buena posición, impulsadas por su carácter nacional y por la inversión que realizan en el país. Elementos clave para el Gobierno en la adjudicación de los Programas.

Indra, respaldada por su creciente papel como coordinador de grandes sistemas tecnológicos y su proximidad al núcleo estratégico del Ministerio de Defensa, ha reforzado su protagonismo en programas clave vinculados a la digitalización del campo de batalla y a la integración de sistemas.

Frente a este escenario, Santa Bárbara Sistemas (históricamente responsable de la fabricación de vehículos blindados y plataformas terrestres) ha visto cómo su peso relativo en los nuevos contratos se reducía respecto a etapas anteriores. Desde la óptica de General Dynamics, esta evolución supone una pérdida de influencia industrial en un país considerado estratégico dentro del flanco sur de la OTAN. La realidad es que «la pérdida de peso», explican fuentes del Gobierno, «se debe a que no son, propiamente, un grupo nacional».

La denuncia interpuesta por la multinacional estadounidense fue interpretada en el sector como un movimiento de presión ante lo que consideraban un trato discriminatorio en la asignación de fondos. El mensaje de Washington ahora es doble: si España incrementa sustancialmente su inversión en Defensa y reequilibra el reparto industrial, la relación puede reconducirse. De lo contrario, el conflicto podría escalar en un contexto geopolítico cada vez más exigente.

Un embajador con peso en Washington

El perfil del nuevo embajador refuerza la dimensión política de esta ofensiva diplomática. Se trata de una figura con fuertes vínculos en el Partido Republicano y estrecha relación con el senador Marco Rubio, de quien fue mentor político en sus primeros pasos en Washington. Además, participó activamente en la financiación de campañas electorales clave en Estados Unidos.

Según registros públicos de financiación electoral, el diplomático aportó 2,5 millones de dólares a la campaña del propio Rubio, consolidando una relación de confianza que se ha mantenido en el tiempo. Asimismo, contribuyó con 2,8 millones de dólares a la última campaña presidencial de Donald Trump, lo que le sitúa dentro del núcleo de grandes donantes republicanos con acceso directo a los círculos de poder en Washington.

Ese bagaje convierte su desembarco en Madrid en algo más que un relevo protocolario. Representa la voluntad de la Administración estadounidense de ejercer una diplomacia económica activa en el ámbito de la Defensa, especialmente en países aliados donde las decisiones industriales pueden tener un impacto directo sobre grandes contratistas norteamericanos.

El aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB no es una cifra simbólica. Implicaría duplicar holgadamente los actuales niveles de inversión y supondría una transformación estructural del presupuesto español. En ese contexto, el control del reparto industrial se vuelve crucial. Para Estados Unidos, no basta con que España gaste más; también importa quién ejecuta esos programas y qué empresas resultan beneficiadas.

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